Más que abordarlos con la seriedad que ameritan, los temas de corrupción y acciones ilegales se utilizan en tiempos de campaña sólo para desmoralizar a los oponentes.Situaciones acontecidas en períodos electorales distintos, demuestran que los políticos aprovechan las jornadas comiciales para difundir serias acusaciones sobre asuntos que comprometen al erario y la responsabilidad penal de los involocruados, sin que a final de cuentas se observen resultados prácticos alentadores.
Para la campaña electoral del 2004, el presidente Leonel Fernández, entonces candidato presidencial, fue víctima del montaje de una grabación, donde se le atribuía orquestar un plan para desestabilizar el sistema cambiario y la economía nacional.
En esa falsa conversación, se escuchaba a Fernández ofreciéndole ocho millones de pesos a un supuesto empresario, para que lo ayudara en sus alegados planes de perturbar la economía.
Luego se descubrió que se trató de una jugada con implicaciones legales, de la que Leonel y su equipo de campaña acusaron al opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que impulsaban a Hipólito Mejía como candidato.
Los peledeístas identificaron nombres de responsables, procedimientos técnicos utilizados para adulterar la grabación y las consecuencias judiciales para quienes se prestaron a participar en esta componenda. Pero nada trascendente ocurrió. La campaña siguió su curso normal.
Para esa temporada comicial, la candidatura de Fernández fue también ‘bombardeada’ con la publicación del libro “Leonel Fernández y yo”, de la autoría de Julio César Valdez. En esta obra, el gobernante aparece como el aspirante presidencial que recibió dinero del narcotráfico para financiar su campaña, y hasta se hizo referencia a sus inclinaciones sexuales.
Nadie fue sometido y el fragor de la campaña apagó el fuego provocado por estos planteamientos. Esas elecciones fueron ganadas por Leonel con un amplio margen por encima de Hipólito. Entonces llegaron las elecciones congresuales y municipales del 2006. De nuevo, blancos y morados volvieron a hablar de corrupción administrativa, cual si fuese un juego de niños: sin pruebas ni procesos judiciales para los señalados.
Más acusaciones
En los comicios de 2006, el PRD acusó al gobierno del PLD de tomar 10 millones de pesos del erario para “comprar” al exsenador de la provincia Hermanas Mirabal, Alejandro Santos, y al exdiputado Juan Roque Jerez, ambos dirigentes perredeístas.
El PLD dijo que Hipólito sustentó esta denuncia presentando un cheque falso. Días después, las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) informaron que el cheque en cuestión era una circular a nombre de esta institución, usada por Mejía para basar su imputación contra el gobierno. “Se tomó el cheque, se escaneó, aparentemente, y se sacó la información base que tenía originalmente y se adulteró”, declaró el 14 de mayo de 2006, el exrector de la UASD Roberto Reyna. Tampoco pasó nada. Y llegó la campaña para las elecciones presidenciales de 2008.
En esta jornada electoral, el PLD tomó la delantera en sus ataques al PRD. Cuando los blancos encaminaban acciones legales para someter al gobierno por el cuestionado préstamo de 130 millones de dólares con la empresa The Sun Land, los morados respondían exigiéndole al PRD que explicara en qué Miguel Vargas Maldonado había invertido 155 millones de dólares, destinados para la reparación de carreteras y caminos vecinales, durante su gestión como ministro de Obras Públicas.
Para defenderse del PLD, los perredeístas explicaron en principio que no eran 155, sino 70 los millones de dólares que el gobierno de Mejía (2000-2004) tomó prestados para el arreglo de carreteras y caminos vecinales.
El PRD alegaba que la insistencia del gobierno en la operación de Obras Públicas y la empresa Worldwide Trading Consulting (WTC), era un ardid para evadir la responsabilidad penal de Fernández en el caso Sun Land.
El CPP, un aliado para los que deciden conciliar
El procurador para el Departamento de Propiedad Intelectual y Delitos de Alta Tecnología, Pedro Félix Montes de Oca, explicó que la difusión e injuria es un delito que en muchas ocasiones no llega a los tribunales, porque el Código Procesal Penal establece mecanismos para llegar a acuerdos y evitar la judicialización de los procesos. Dijo que en su artículo 34 y siguiente, el CPP permite la oportunidad para llegar a conciliaciones antes de un juicio.
