Cada año, el Estado dominicano invierte miles de millones de pesos en obras de infraestructura que a los pocos años de ser inauguradas se deterioran ante la mirada indiferente de las autoridades llamadas a preservarlas.
Carreteras, puentes, escuelas y parques, así como obras hidráulicas y sanitarias se convierten en monumentos al descuido por falta de programas de mantenimiento que evalúen periódicamente las estructuras, con el fin de corregir a tiempo los desperfectos que surgen por el uso y así evitar que su reparación conlleve mayores gastos a los contribuyentes que su misma construcción.
No hay que esperar a que se roben los cables de los puentes, como sucedió recientemente con los viaductos Juan Pablo Duarte de esta capital, y Cajuilito en San Cristóbal; o que se descuiden complejos como el Centro Olímpico, donde el gobierno del entonces presidente Hipólito Mejía invirtió una millonada para la celebración de los Juegos Panamericanos del 2003, que se destrocen las aceras o que se roben las tapas del alcantarillado.
¿Por qué dejar que las filtraciones se coman los techos de los edificios públicos o que gran cantidad de hoyos saturen nuestras calles y avenidas propiciando lamentables accidentes de tránsito? Aparentemente ni al Ministerio de Obras Públicas ni a los gobiernos locales les interesa aplicar una verdadera política para preservar los bienes públicos. Hacerse de la vista gorda ha sido su actitud por años.
Vale decir que no toda la responsabilidad es de las autoridades. También la ciudadanía tiene la obligación de velar porque en su comunidad se le de un uso adecuado a las obras edificadas ya que al fin y al cabo se construyen para mejorar su calidad de vida.
El mantenimiento se asocia con gastos pero es la única forma de prolongar la vida útil de las obras públicas que forman parte del patrimonio colectivo y de proteger la inversión que sale de nuestros bolsillos. l
