El juez de ejecución de la pena del Distrito Nacional emitió una orden de arresto, captura y conducencia contra el diputado Ramón Antonio Fernández Martínez, condenado a un año de prisión por haber sustraído de la autoridad de sus padres a una menor de edad, con la cual convivió.
Mediante el auto 720-2012, de fecha 27 de agosto de este año, el magistrado Saulo Isabel Díaz ordenó la búsqueda y captura del legislador por Santiago Rodríguez, para dar cumplimiento a la sentencia número 20 de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en la cual se le condena a un año de prisión suspendida condicionalmente a seis meses en Najayo.
En su instancia, el juez explica la competencia que tienen para ejecutar la decisión judicial y agrega que la decisión fue tomada tras rechazar la solicitud de suspensión de ejecución de la pena incoada por el condenado en virtud de un recurso de revisión interpuesto por ante el Tribunal Constitucional que no ha sido fallado.
El juez es de pensar que “el recurso interpuesto por el penado ante el Tribunal Constitucional no suspende ni paraliza la ejecución de la pena”.
Agrega además que si bien es cierto que se trata de una persona con jurisdicción privilegiada, el artículo 24 de la Constitución establece que “los derechos de la ciudadanía se suspenden en los casos de: Condena irrevocable a pena criminal, hasta el término de la misma”.
