La reforma constitucional de 2024 ordenó, en su octava disposición transitoria, elaborar, adecuar y aprobar todas las leyes requeridas por la Constitución de la República Dominicana en un plazo no mayor de siete legislaturas ordinarias, o sea, a más tardar en la primera legislatura de 2028.
El mandato de esta disposición transitoria representa una nueva prueba de fuego para el orden democrático constitucional dominicano, que debe demostrar, a través de sus órganos más representativos (Poderes Legislativo y Ejecutivo) su capacidad de adaptación ante el dinamismo del mundo globalizado y los retos y urgencias que cada coyuntura deposita sobre nuestra realidad.
Esta disposición transitoria está encaminada a establecer la responsabilidad, especialmente del Congreso Nacional, de desarrollar la normativa que se requiera para garantizar la vigencia y el pleno ejercicio de los derechos fundamentales en el marco de un Estado Social y Democrático de derecho. Esto es el resultado que el pueblo dominicano esperaba del compromiso asumido el 26 enero del 2010, cuando se proclamó la reforma constitucional más ambiciosa de las últimas décadas en el país.
Es reconocido que la efectividad de los derechos, las garantías constitucionales y la distribución de competencias públicas están atadas a la existencia de un marco legislativo coherente con la Constitución.
Por eso es altamente preocupante que más de 80 leyes fundamentales se encuentren en diferentes estadios de elaboración, adecuación y promulgación desde 2010. A algunas normas ya les han introducido los cambios requeridos para su compatibilidad con los principios y fines de la Constitución reformada, pero algunas todavía se encuentran en el tránsito para su normalización.
Entre las piezas complementarias ordenadas por la Constitución del 2010 se encuentran las leyes de la participación ciudadana, el referendo, el indulto, de la propiedad inmobiliaria, de aguas y las reformas a la ley de hidrocarburos, y el uso racional del gasto público. También algunas son de actualización como el Código Civil, el de Procedimiento Civil, Comercio, la Seguridad Social, entre otras. Mientras que la Constitución del 2024 ordenó revisión de la ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Naturalización y Extranjería, de Telecomunicaciones, de Telecomunicaciones, y del libre Acceso la Información Pública, entre otras.
En los últimos 5 años han sido reformadas, entre otras, las siguientes leyes: Código Penal, Código Procesal Penal, Ley de Contrataciones Públicas, Régimen Electoral, Cámara de Cuentas y se han aprobado nuevas leyes en las siguientes áreas: Extinción de Dominio, Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones; Gestión Integral y Co-procesamiento de Residuos Sólidos; Ordenamiento Territorial, Fiscalización y Control del Congreso Nacional.
Reconocemos que, en una vista rápida, dentro de las 50 leyes más importantes que están pendientes de adecuación o actualización existen varias categorías que deben establecerse para organizar esta gigantesca labor implicada en la octava disposiciones transitoria. En primer lugar se destacan las que constituyen actualizaciones normativas, pues existen, aunque con grandes vacíos en términos de los criterios establecidos en la reforma de 2024.
En segundo lugar, están las reservas de ley que contiene la Constitución, algunas de las cuales ya están reguladas a través de normas vigentes en el ordenamiento previo, por lo que la labor por realizar se concentra más bien en ajustes y actualización, aunque coexisten con temáticas sobre las que no hay regulación.
Otra categoría importante se compone de normas preexistentes, cuyo análisis determinará cuáles de ellas requieren ajustes inmediatos para poder alcanzar el estándar que la Constitución ha configurado, mientras que en otras sólo bastará introducir ajustes menores. Es obvio que otras leyes requerirían mayores ajustes para poder conectar de manera más fluida con las exigencias constitucionales actuales, al tiempo que se deberán estudiar el caso de leyes cuyo acoplamiento con el marco constitucional es adecuado, por lo que no será necesario nuevos ajustes. En este sentido también nos encontraremos con leyes urgentes que ameritan mejorar su regulación actual. Todo lo anterior puede ayudar a diseñar una agenda de trabajo que haga esas discriminaciones operativas.
Dentro de este panorama debemos recordar que, a través de sentencias, el Tribunal Constitucional ha exhortado al Poder Legislativo a realizar ajustes y adecuaciones a un conjunto de leyes.
Ante esta acuciante situación y dada la premura con la que deben acometerse las iniciativas para superarla, FINJUS propone a los Poderes Públicos, la comunidad jurídica, las academias, el empresariado y las organizaciones sociales representativas, desarrollar una iniciativa de coordinación interinstitucional que permita monitorear, evaluar y promover el cumplimiento del mandato constitucional de elaboración, adecuación y aprobación de las leyes requeridas por la Constitución de 2024.
Esta iniciativa debe contemplar las siguientes líneas de trabajo
- La identificación y clasificación de las leyes pendientes, con base en las categorías generales esbozadas más arriba y establecer el orden de prioridad en su tratamiento.
- El seguimiento de los proyectos depositados en el Congreso, tanto por los legisladores como por el Poder Ejecutivo, vía su Consultoría Jurídica y los órganos con capacidad de presentar iniciativas legislativas.
- Realizar la evaluación de la calidad constitucional de las iniciativas existentes
- Formular las propuestas de adecuación legislativa en cada uno de los casos que sean necesarios.
- Publicación de informes periódicos sobre los avances y retrasos de los trabajos comprendidos en esta iniciativa
- Promoción de espacios de diálogo entre el Congreso, el Poder Ejecutivo y los diferentes sectores sociales mencionados.
Todo lo anterior permitiría que el país puede contar con un instrumento que contribuya a transformar un mandato constitucional en una agenda verificable de fortalecimiento institucional.
Autor: Servio Tulio Castaños Guzmán
