El consultor jurídico del Poder Ejecutivo consideró ayer que el fallo del Tribunal Constitucional que establece que no son dominicanos los hijos de los residentes ilegales en esta nación es “absolutamente legítimo” y que el deber de los dominicanos es acatar la decisión.
César Pina Toribio afirmó que decisiones de ese tipo siempre generan “reacciones adversas” y que lo que deben hacer las autoridades que tienen que manejar los asuntos propios de ese tema es “buscar las soluciones que limiten, en la mejor medida posible, los efectos negativos que pueda tener para la población que resulte afectada por la decisión”. “Pienso que la decisión tiene sus fundamentos y, como siempre va a ocurrir, quienes no se sientan satisfechos con la decisión harán las críticas”, precisó el funcionario respecto al rechazo a la sentencia expresado por algunos sectores. Explicó que corresponde ahora implementar un plan de regularización que aún es un asunto pendiente en la estrategia migratoria del Gobierno.
Asimismo, Pina Toribio calificó como un procedimiento normal que el gobierno de Haití llamara a consulta a su embajador en la República Dominicana, para que explique a las autoridades de ese país el contenido del fallo del TC.
AP en un despacho de prensa aclaró que se equivocó cuando ofreció la información, asegurando que tradujo erróneamente el documento proveniente de Haití. “The Associated Press tradujo erróneamente que el gobierno haitiano retiró a su embajador en República Dominicana. Lo correcto es que el diplomático fue llamado a consultas por su gobierno”, aclaró la agencia.
En tanto, el embajador dominicano en Haití, Rubén Silié, fue convocado por el ministro haitiano de Asuntos Exteriores, Pierre-Richard Casimir, por la sentencia y la situación de sus compatriotas que viven en el país, informaron fuentes oficiales. Casimir dijo a la agencia haitiana HPN que se reunirá con Silié para tratar el fallo del Tribunal Constitucional, que afecta a unos 250,000 nacidos en República Dominicana de ascendencia haitiana y a alrededor de 35,000 hijos de padres de diferentes nacionalidades.
En tanto, el excanciller y diputado, Hugo Tolentino Dipp, descartó ayer la posibilidad de que se pueda producir una crisis diplomática entre Haití y la República Dominicana por la sentencia del Tribunal Constitucional que establece que los hijos de indocumentados no tienen derecho a la nacionalidad dominicana.
En tanto, el politólogo Daniel Pou sostuvo que Haití no tiene calidad moral a nivel internacional para presionar a la República Dominicana para que tome decisiones sobre la nacionalidad. “El Estado haitiano ni siquiera ha sido capaz de establecer un sistema de registro civil para documentar a sus nacionales. El Gobierno de Haití en ningún momento tiene derecho a presionar al Estado dominicano sobre todo, sobre la base de las condiciones que contempla la Constitución para adquirir la nacionalidad”, consideró. Sin embargo, Pou criticó algunos aspectos de la sentencia 123 del Constitucional porque considera que mezcla una cosa con otra.
Diputados dicen no tiene validez CIDH si no lo refrendó el legislativo
El jurista Ricardo Rojas León criticó los cuestionamientos en contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y aclaró que el artículo 62.1 del acuerdo de San José permite el reconocimiento de competencia de la corte por declaración especial como hizo la República Dominicana. “El desconocimiento de la competencia contenciosa de la CIDH dejaría sin tutela judicial internacional a todos los dominicanos. Desconocer la competencia de la CIDH es renunciar a una instancia internacional para la protección de nuestros derechos fundamentales”, advirtió el abogado a través de cuenta de Twitter @R_Rojas_Leon.
El abogado Vinicio Castillo Semán dijo que la carta de adhesión a la CIDH es inconstitucional debido a que no fue ratificada por el Congreso Nacional por lo que le restó competencia a la entidad para conocer y decidir asuntos relacionados con el Estado dominicano.
En tanto, legisladores desconocen que el Congreso Nacional no haya ratificado la carta de adhesión del país a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y afirman que de ser así no procede su rechazo a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la nacionalidad. El vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Rubén Maldonado, entiende que si no hubo aprobación del Congreso del convenio entre el Estado Dominicano y la CIDH, el país no es signatario.
Geovanny Tejada dijo que el país es signatario de muchos acuerdos internacionales y “somos especialistas en violarlo todo, aquí somos signatarios de convenios contra la tortura y vejámenes contra los detenidos y se tortura a cada rato”.
Precisó que para que la CIDH nos pueda rechazar esa sentencia debe estar adherida a un convenio con el país y si el Congreso no refrendó esa adhesión, no tiene validez su postura.
Teodoro Reyes consideró que al país no le conviene enfrentar a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pero que si el convenio no es refrendado por el Congreso no tiene ejecutoriedad en el país porque la legislación establece que no basta con que se firme un convenio, sino que debe ser refrendado por el Poder Legislativo.
De su lado, Hugo Núñez dijo que cualquier opinión que emita la Corte Interamericana puede no ser vinculante con la decisión del Tribunal Constitucional. Dijo que un convenio internacional puede estar por encima de la Constitución si no afecta la soberanía.
Leonel dice que hay que respetar el fallo
El expresidente Leonel Fernández dijo que en la decisión del Tribunal Constitucional sobre la nacionalidad dominicana, hay que respetar la soberanía y la autodeterminación que tiene cada nación sobre sus leyes. Al ser cuestionado sobre la condena de las Naciones Unidas a la decisión del TC, el exmandatario dominicano dijo que deben respetar que cada país establece los lineamientos jurídicos que considere de lugar para tratar la nacionalidad.
458,233
Censo En el país hay 458 mil 233 haitianos, según un censo de la Oficina Nacional de Estadísticas.
