Si bien la falta de regulación originó el desorden financiero causante de la actual crisis global, el exceso de ella puede provocar más daño a la economía. En países con débiles instituciones, como es el nuestro, la creciente intervención del Estado en la economía suele producir distorsiones capaces de paralizar el ritmo de crecimiento y obstaculizar las inversiones y el ingreso de capitales tan necesarios para impulsar el desarrollo, fomentar el empleo y combatir las consecuencias de la mala calidad del gasto público.
Existen muchas reservas sobre la tendencia, a conferirle al Estado un papel de mayor preponderancia en la vida económica nacional. La razón descansa en las penosas experiencias de ensayos pasados y presentes. Por acción de los gobiernos el Estado dominicano ha ido creciendo de forma brutal, al punto que interviene o husmea en la vida de cada ciudadano, de manera directa e indirecta, haciéndole la vida una carga muy difícil de sobrellevar.
No existe de hecho una actividad social o económica de impacto que no esté de alguna forma ligada, atada, comprometida o asociada con el Estado, o paralizada por él. Así, mientras falla en dotar adecuadamente a las escuelas de pupitres, pagar a tiempo a los servidores públicos, muchos de los cuales no desempeñan una función útil, y no encuentra cómo darle ocupación a miles de médicos desempleados, no obstante las terribles deficiencias de los servicios de salud que presta, los gobiernos se empeñan en ensanchar su radio de acción convirtiéndose en instrumentos abrumadoramente dominantes. Asumen tareas que en sus manos resultan tan amplias y disímiles como absurdas.
El crecimiento del papel que los gobiernos se han otorgado a sí mismos con evidente señal de autoritarismo ha tenido como resultado la creación de controles excesivos y paralizantes de la actividad creativa nacional.
