El MAP espera el reglamento ley de salarios públicos

El Ministerio de Administración Pública (MAP) está a la espera de que el Poder Ejecutivo promulgue el reglamento que servirá de base para aplicar la Ley 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado.

El Ministerio de Administración Pública (MAP) está a la espera de que el Poder Ejecutivo promulgue el reglamento que servirá de base para aplicar la Ley 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado.Así lo informó ayer el titular del MAP, Ramón Ventura Camejo, quien consideró que la firma y publicación del decreto que validará la propuesta de reglamento, es el punto de partida para mejorar los salarios del sector público, cuyos bajos niveles criticó el propio presidente Danilo Medina el pasado martes.

“Yo siempre he dicho que aquí hay que sentarse para tratar el problema de los salarios, todos, los públicos y los privados. La gente con el nivel de ingresos que tiene, no puede llevar una vida digna a nivel de las principales economías mundiales, no pueden, por eso es que la gente siente que todo está caro. (…) Esos salarios no dan, pero no porque haya inflación, sino porque son salarios muy bajos y la gente no tiene poder de compra”, consideró el jefe de Estado.

Al ser entrevistado en el Palacio Nacional, Ventura Camejo dijo que el reglamento de aplicación de la Ley 105 es la fuerza normativa y que su aprobación sería la base práctica para establecer un salario justo, para reducir inequidades, estandarizar y lograr una mayor transparencia en los salarios que perciben los trabajadores y funcionarios.

El proyecto de reglamento, que está en poder de la Consultoría Jurídica desde hace tres meses, establece la escala salarial del Gobierno central, con una clasificación del personal civil de la Administración Pública en cinco grupos ocupacionales.

El salario mínimo para los cargos públicos sería de RD$7,500, mientras que el máximo alcanzaría los RD$145 mil.

La referida legislación tiene por objeto establecer el marco regulador común de la política salarial para todo el sector público, con la finalidad de proporcionar una remuneración equitativa que sirva de estímulo a los servidores públicos para alcanzar, con niveles de rendimiento y productividad, los objetivos del Estado.

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