La observación del presidente de la República a la ley que creaba el parque nacional Loma Miranda ha deslindado algunos campos, y podría ser útil para una mejor comprensión de algunos procesos, tanto para sus actores como para la sociedad toda. El Senado acogió los señalamientos del Poder Ejecutivo sin vueltas, mansamente. Controlado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que es el partido de gobierno, entendió o aceptó las argumentaciones, que son demoledoras.
Lo que acaba de ocurrir es una experiencia interesante para el liderazgo político con vocación de poder, que comprende la responsabilidad de gobernar y percibe los riesgos a que puede conducir el populismo.
La realidad es que el caso Loma Miranda no debió llegar a estos términos, pero al parecer era necesario.
Ahora vienen las advertencias y se percibe algún temor a ciertas reacciones. Los grupos populares y sociales han condenado la decisión del Poder Ejecutivo, y los grupos económicos productivos apoyaron la observación. La Fundación Institucionalidad y Justicia honró su nombre y naturaleza, y acogió los puntos de vista invocados.
A Falconbrigde Dominicana no se le ha concedido una licencia de explotación de Loma Miranda. Sabemos muy bien que el Ministerio de Medio Ambiente había rechazado la solicitud de licencia ambiental, el año pasado. La procedencia de la explotación es una materia que está condicionada a una decisión de la autoridad administrativa, con la cual la empresa tiene un contrato.
La observación presidencial deja claro que el Congreso se extralimitó, desbordó el marco constitucional e incluso se apoyó en leyes y decretos derogados, lo que constituye un contrasentido. Sus miembros deben avergonzarse.
Lo que no ha hecho el Congreso es aprobar la ley de ordenamiento territorial. Por mandato de la Constitución debía ser norma vigente que ayudaría a deslindar aún más los campos sobre recursos naturales y áreas protegidas.
Hemos vivido otro período del absurdo. Deploraríamos cualquier inmolación fundada en ese estado de frenesí.
Celebramos que el Poder Ejecutivo no zozobrara ante una defensa apasionada de un propósito no suficientemente corroborado por la realidad.
Oportunamente, la Administración debe tomar en forma razonable la decisión más conveniente al interés nacional.
