El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 20 años de prisión a un hombre hallado culpable de homicidio.El tribunal presidido por la magistrada Pilar Rufino, e integrado por Claribel Nivar Arias y José Gregorio Bautista, condenó a Ariel Severino Solís (Maca o Maquito), por la muerte de Antonio

Radhamés Arias Castillo. El dispositivo de la sentencia dispone que la pena impuesta deberá ser cumplida en la cárcel de la Victoria. El tribunal tomó la decisión tras acoger el dictamen del Ministerio Público, representado por la fiscal adjunta Laura Vargas, quien había pedido declarar al imputado culpable de los hechos que se le imputan. También fue condenado al pago de una indemnización, de un millón de pesos a la señora Estefanía Ermilia Castillo Matos, madre de la víctima, como justa reparación por los daños y perjuicio, cometido por el imputado. Con esa medida se acogió un pedimento presentado por la abogada Clara Davis Penn, del departamento de atención a la víctima.

El Segundo Tribunal Colegiado de Santiago condenó a veinte años de prisión a un hombre que asesinó a otro porque lo acusaron de robarse un celular.Los jueces Herminia Rodríguez, Osvaldo Castillo y Yobanny Mercado, acogieron el dictamen del Ministerio Público contra Carlos Vásquez Rodríguez por el homicidio de Luis Alberto Encarnación.

El hecho ocurrió el fecha 19 de junio del 2011, en el sector de La Otra Banda y para cometer el homicidio el procesado empleó un cuchillo con el cual le propinó una estocada a Encarnación, en el tórax ,que le provocó la muerte.

Vásquez Rodríguez interceptó a Encarnación para reclamarle por una denuncia que había interpuesto la esposa de este, en su contra, por el robo de un celular. Ante el reclamo se origina una discusión entre ambos que terminó en tragedia.

En otro caso, dos hombres fueron condenados a de 10 años de prisión acusados de tráfico de marihuana. Alcibíades Fernando Carrasco Peña y Amable de Jesús Rodríguez González fueron sentenciados, por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Santiago, por  violar la Ley 50-88, en perjuicio del Estado dominicano, tal como lo demostró el Ministerio Público en la audiencia de juicio de fondo.