La Barrick quiere instalar fábrica de explosivos en RD

La empresa minera Barrick Gold apura gestiones para que el Gobierno le autorice instalar, en sus instalaciones de Pueblo Viejo, Cotuí, una planta para el almacenaje de materias primas y la fabricación de explosivos.

La empresa minera Barrick Gold apura gestiones para que el Gobierno le autorice instalar, en sus instalaciones de Pueblo Viejo, Cotuí, una planta para el almacenaje de materias primas y la fabricación de explosivos.Las gestiones son realizadas aun cuando la iniciativa es cuestionada por un informe confidencial del Ministerio de Defensa.

En fuentes gubernamentales del más alto nivel se informó que, aunque la petición de Barrick para montar la planta fue formalmente solicitada en febrero de 2014, lobistas de la minera canadiense han intensificado su labor en el presente mes de diciembre para que el Gobierno otorgue la autorización correspondiente.

La empresa extranjera motiva su petición en que con su planta propia de explosivos abarataría sus costos de producción.

En explosivos, la Barrick Gold invierte anualmente poco más de un millón de dólares, según se informó.

Objeciones de las Fuerzas Armadas

El pedido de la Barrick Gold fue objetado en un informe técnico confidencial de los departamentos especiales de las Fuerzas Armadas, “enviado a la superioridad”, copia del cual está en poder del autor de esta información.

“La construcción y puesta en marcha de una planta de explosivos y almacenaje de materias primas en la mina Pueblo Viejo Dominicana Corporation, de Barrick Gold, implicaría un sinnúmero de circunstancias que afectarían directamente la seguridad nacional, la industria local y la economía nacional”, comienza diciendo el informe.

“Cualquier percance que pueda ocurrir en la planta de explosivos que se ubique fuera de los terrenos de Material Bélico, para ser específicos, en la mina de Barrick, sigue siendo responsabilidad absoluta de las Fuerzas Armadas; por eso se ha realizado este estudio exhaustivo de las implicaciones que pueda tener su aprobación”, agrega.

De acuerdo con las consideraciones expresadas en el documento, para fundamentar por qué la aprobación de esa iniciativa no sería beneficiosa para el país, se toma en cuenta que “afecta de forma negativa la seguridad nacional” y que hay producción nacional suficiente de explosivos para suplir el mercado local.

Se refiere, también, que “el trabajo con explosivos es una actividad de alto riesgo y por su naturaleza”, regulado por la ley 262 sobre sustancias explosivas, el manual de procedimientos para el manejo de armas, explosivos y químicos de las Fuerzas Armadas, el reglamento de seguridad y salud de la ley 522-06, la propia Constitución de la República y otras normas legales.

El informe técnico recuerda, asimismo, que la Constitución, en su título XII, capítulo I, artículo 252, señala que “la defensa de la Nación está a cargo de las Fuerzas Armadas, y a ellas corresponde la custodia, supervisión y control de todas las armas, municiones y demás pertrechos militares, material y equipos de guerra que ingresen al país o que sean producidos por la industria nacional, con las restricciones establecidas en la ley”.

“De acuerdo a la ley 262 sobre sustancias explosivas”, agrega, “el control y vigilancia de las actividades y operaciones industriales y comerciales que se realicen con armas, municiones, explosivos, artificios y sustancias químicas, será hecho por las Fuerzas Armadas”.

Tras citar las normas para el funcionamiento, manejo y logística de fabricación y movilización de explosivos, y las legislaciones y reglamentaciones que regulan la actividad, los técnicos militares manifestaron en su informe que “el solo hecho de otorgar permiso para la instalación de otra planta de explosivos, abre la posibilidad de que cualquier empresa local o extranjera pueda vender material bélico dentro y fuera del país, aumentando así el nivel de riesgo en seguridad física y nacional en el territorio dominicano”.

Materiales explosivos deben estar bajo control de las Fuerzas Armadas
En su informe, los organismos castrenses insisten en que “el almacenaje de materias primas y productos terminados relacionados con explosivos debe estar bajo estricta custodia de las Fuerzas Armadas” y resaltan que “una planta de explosivos de ANFO y emulsión debe ser ubicada a corta distancia de la Intendencia de Material Bélico, bajo la custodia permanente de las Fuerzas Armadas, tanto en la fabricación como en el transporte y almacenaje de los explosivos, permitiendo a la fuerza pública tener un control completo y absoluto del manejo de las explosiones y sus materias primas”. 

La producción de explosivo es suficiente

El informe del Ministerio de Defensa  refiere que cabe llamar la atención en cuanto a que la Barrick, debido a su ubicación geográfica y concentración de minerales ubicada en el municipio de Cotuí, y a pesar de los equipamientos disponibles para mitigar las descargas eléctricas ocasionadas por las tormentas, estadísticamente registra gran cantidad de muertes y daños materiales por esta causa, convirtiendo esta región del país en una zona de alta vulnerabilidad y peligrosidad para la puesta en marcha de una planta de explosivos. Concluye en que “teniendo en consideración la seguridad y demanda nacional, no se hace necesario la construcción de otra fábrica de explosivos, dado que la producción actual tiene capacidad para suplir la demanda local e internacional de los países vecinos”.

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