El secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), dijo ayer que la ley de extinción de Dominio facilitaría la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.Fernando Ferraro Castro, ministro de Justicia y de Paz de Costa Rica, explicó que la situación del narcotráfico es muy complicado en los países de Iberoamérica y que “esa es una ley que facilita muchísimo el trabajo de las autoridades de cada país”.
Señaló que es un tema importantísimo, que requiere mucha discusión porque tiene muchas implicaciones difíciles de manejar en cada uno de los países y que el COMJIB es un buen ejemplo de los esfuerzos que se están haciendo.
Ferraro Castro, habló tras dejar inaugurada la XIX Asamblea Plenaria, donde los Ministros de 21 países miembros, van a exponer los avances alcanzados en el seno de la organización así como los principales ejes de actuación para poder afrontar de manera coordinada, los nuevos desafíos de las políticas públicas de justicia y seguridad de la región.
La actividad estuvo encabezada además por el Ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Navarro y el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito.
El procurador explicó que una de las metas del sistema Iberoamericano es hacer más homogénea toda la legislación respecto del narcotráfico.
“Hay dos puntos que son muy fundamentales, primero el consumo; verlo como un problema de salud pública y sobre todo, políticas de prevención. Y lo segundo a los distribuidores y grandes narcotraficantes tenemos que darles bien duro y hay que darle duro por todos los medios, no solamente con prisión, el crimen organizado hay que castigarlo sobre todo con los bienes, quitarles todos los bienes, todo el dinero acumulado que queden en la más absoluta pobreza”, refirió.
Exposiciones durante el evento
En el desarrollo de la actividad que concluye hoy, se han expuesto los resultados que los países, con el acompañamiento de la COMJIB, han logrado en los últimos dos años en diferentes ámbitos, citando por ejemplo en el ámbito penitenciario, la adopción de las “Reglas de inserción socio-laboral de las personas privadas de libertad” y el Programa de Género en prisión.
