El año que recién inicia presenta importantes retos a la democracia dominicana, que de no ser asumidos, podrían implicar serios retrocesos en materia institucional. El primero de ellos tiene que ver con la democracia electoral. Si bien es cierto que en materia de administración de las elecciones ha habido avances durante las últimas dos décadas, los comicios del próximo mes de mayo presentan condiciones particulares. Se vuelve a unas elecciones unificadas que harían de estas un proceso muy complejo, pero además, se asiste a una campaña electoral con un nivel muy bajo de regulación.
En el actual contexto electoral la principal víctima ha sido la democracia interna de los partidos políticos. A esto se suma la falta novedad en el debate político. La descalificación y la diatriba han reemplazado una vez más las propuestas programáticas. Hay tiempo aún para unas elecciones mínimamente justas y transparentes. Para ello se requerirá un mayor compromiso de la JCE y los partidos políticos en la promoción de una reglamentación de la campaña que genere más equidad en la competencia electoral, haga posible la rendición de cuentas sobre el financiamiento político y evite la violencia durante el proceso.
El segundo reto tiene que ver con la calidad del sistema de justicia. Las respuestas que se den a los múltiples escándalos en la justicia dominicana determinarán si se sigue transitando el sendero de su deterioro e involución o se comienza a dar pasos para su transformación. A la inseguridad jurídica y al limitado acceso ciudadano a la justicia, se suma la existencia de una estructura judicial al servicio de la impunidad de los corruptos y la protección del crimen organizado. Cambiar esta situación implicará una voluntad real para sacar la política de la justicia. Al mismo tiempo, se deberá sancionar a los actores judiciales que han incurrido en violaciones y desmantelar las redes mafiosas que operan a lo interno del sistema.
Por otro lado, en este año 2016 se deberán designar los nuevos integrantes de varios órganos constitucionales del país, como la JCE, el Tribunal Superior Administrativo y la Cámara de Cuentas; así como algunos miembros de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional que alcanzan la edad de retiro. Esta será una oportunidad para que la clase política demuestre que está en disposición de contribuir con la madurez de nuestro sistema democrático. Para ello deberá renunciar a la visión autoritaria de que el éxito político está asociado al control de las instituciones. Ojalá que en este año se asuma la tarea pendiente de consolidar la institucionalidad democrática.
