San Juan. Los malabares del Gobierno de Puerto Rico para ir consiguiendo liquidez con la que mantener los servicios públicos y pagar la deuda garantizada por su Constitución están empezando a llegar a los tribunales de la mano de bonistas y aseguradoras.Así, Financial Guaranty Insurance, que asegura alrededor de 1,200 millones de dólares en deuda pública de la isla, ha presentado esta semana una demanda contra el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, y otros altos cargos públicos.
La demanda, que se puede consultar hoy en el registro electrónico judicial, surge a raíz de la decisión del Gobierno de transferir fondos destinados a pagar bonos de ciertas corporaciones públicas hacia el pago de la deuda respaldada constitucionalmente.
Esta demanda se suma a una similar presentada previamente por Assured Guaranty y Ambac Financial Group (con unos 1,500 y 1,100 millones de dólares asegurados, respectivamente), que ven inconstitucional la cláusula de retención de ingreso de las corporaciones públicas para pagar parte de la deuda garantizada (lo que se conoce como “clawback”).
Ese desvío de fondos tuvo lugar cuando el pasado 1 de enero se derivaron 164 millones de dólares de varias corporaciones públicas para ayudar a cubrir los 331.6 millones que se debían pagar para atender el vencimiento de obligaciones generales (GO) del Gobierno.
Cuando el pasado junio García Padilla dijo que la deuda era impagable, ya advirtió que era previsible una avalancha de demandas.
Esta semana advirtió además de que todo el dinero que se destine a litigios se restará de los fondos disponibles para honrar la asfixiante deuda de más de 72,000 millones de dólares.
Igualmente insistió en la necesidad de que el Congreso federal permita a las empresas públicas de la isla acogerse a la ley estadounidense que regula las quiebras, lo que le permitiría reestructurar su deuda de forma ordenada.
