Publicidad estatal

El movimiento cívico “no partidista” Participación Ciudadana está haciendo causa común con el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y otros actores de la oposición para censurar e impugnar todo tipo de publicidad que pautan las instituciones&#8230

El movimiento cívico “no partidista” Participación Ciudadana está haciendo causa común con el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y otros actores de la oposición para censurar e impugnar todo tipo de publicidad que pautan las instituciones del Estado, sin atender las necesidades reales que se derivan de su propia naturaleza.

También critican el consumo de combustibles, y por igual incurren en la misma torpeza de encajarlo todo en la valoración subjetiva de “exagerado” sin analizar si el mismo fue usado por las ambulancias de los hospitales públicos y del 911, autobuses de la Omsa, patrullas policiales o las unidades militares que patrullan la frontera, aguas territoriales y nuestro espacio aéreo. Es decir, que para Participación Ciudadana, el PRM y otros factores críticos, no existe ninguna distinción ni ningún combustible es útil a la hora de hacer su valoración, ni miden la realidad de que el Gobierno y sus instituciones se mantienen en actividad constante.

Pero a lo que quiero ponerle mayor atención es al tema de la publicidad estatal, pues es una constante en los censores de la administración tomar ese renglón como objeto de sus ataques, los cuales llegan al irrespeto de llamar “bocinas” a productores, comentaristas o periodistas que reciben la colocación de algún anuncio estatal en sus espacios, y que, a su discreción, pueden emitir una opinión favorable al Gobierno. Es bueno recordarles a esos críticos que el Estado tiene la obligación de contribuir con el mantenimiento de medios alternativos mediante la colocación de su publicidad para que estos no colapsen, pues se sabe que los grandes anunciantes privados no suelen pautar sus promociones en este tipo de medios.

Eso se aplica en casi todos los países. En los Estados Unidos, por ejemplo, es obligatorio que los diferentes niveles de gobierno -federal, estatal y municipal- canalicen un porcentaje de publicidad hacia los medios de las minorías para garantizar la diversidad informativa y fortalecer a productores o editores independientes.

En la República Dominicana la desocupación en el sector periodístico es elevada. Decenas de comunicadores subsisten con ingresos publicitarios en programas de radio, televisión o un diario digital, los cuales tienen al Estado como su principal fuente de sustentación. No atenten contra eso por politiquería, ya que es inhumano, no importa el sector que lo promueva.

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