El presidente del Colegio de Abogados de República (CARD), Miguel Surún Hernández, sometió este lunes ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) a la Oficina Nacional de la Defensa Pública y a su directora Laura Hernández, por alegadas «graves violaciones cometidas en la institución.
Surún Hernández, quien llegó acompañado de decenas de juristas a la sede del TSA, indicó que la Oficina Nacional de la Defensa Pública ha desviado de manera irregular los recursos de la institución en favor de personas adineradas.
«Estamos en presencia de acciones no sólo contra el ejercicio privado de la abogacía, sino contra los pobres, quienes son los más perjudicados al ver que los abogados que paga el Estado para defenderlos, son asignados a personas pudientes», expresó.
