El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, refirió este iércoles que “el gobierno va a dar un nuevo impulso a las políticas de seguridad en las comunidades, balanceando las intervenciones de las fuerzas de seguridad con respuestas sociales a las necesidades primarias de sus habitantes”.
Montalvo se refirió al tema tras el presidente Danilo Medina crear la Comisión Gubernamental de Seguridad Interior que tendrá como objeto aconsejar, implementar y evaluar las políticas de seguridad y coordinar la actuación de las agencias de seguridad, el Ministerio Público y los cuerpos de inteligencia del Estado.
Dicha comisión estará adscrita al Ministerio de la Presidencia y abordará temas como el consumo irresponsable de alcohol; los robos y los atracos; el tráfico y consumo habitual de drogas narcóticas, sustancias controladas, y nuevas drogas sintéticas; la violencia intrafamiliar y de género; el acoso y las violaciones sexuales, así como la explotación de menores, en especial en zonas turísticas; la proliferación de armas de fuego y la contaminación sónica.
Montalvo explicó en un comunicado que en esta tarea jugarán un importante rol las nuevas tecnologías, por ejemplo, se adoptará una red pública encriptada de voz, data y video, así como un nodo de información geográfica para todas las agencias de seguridad; la implementación de un sistema biométrico de identificación criminal; la creación de un depósito nacional de datos para la seguridad y la publicación del índice público del delito.
Además, “en los últimos dos años, ha sido posible establecer patrones de la criminalidad, por lo que en lo adelante la Comisión podrá focalizar políticas públicas a estas áreas mediante el análisis conjunto de las estadísticas, la inteligencia y la participación de las comunidades”, afirmó el ministro Montalvo.
Esto quiere decir que no solo las fuerzas de seguridad sino también los ayuntamientos, las políticas y los programas sociales del gobierno, la academia y los líderes comunitarios tendrán un importante papel para mejorar las condiciones de vida en las zonas que hasta ahora han sufrido mayores niveles de criminalidad.
La Comisión tendrá un plazo de hasta 90 días para la elaboración de un plan de trabajo priorizado por eje, que incluya metas, resultados, presupuesto y responsables; una propuesta de plan de acción; un cronograma de trabajo para la implementación y la matriz de Indicadores de resultados para evaluar el plan.
Integran la Comisión, además del Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Interior y Policía, la Procuraduría General de la República; el Ministerio de Defensa; la Policía Nacional; la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD); el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) y el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
