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Caso Odebrecht se complica en Perú

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Alejandro Toledo.
Alejandro Toledo. (AP )

Lima. La Procuraduría Anticorrupción solicitó el testimonio de los últimos tres expresidentes peruanos y de otras 72 personas en el marco de la investigación sobre el supuesto pago de millonarios sobornos que la empresa brasileña Odebrecht habría hecho a funcionarios públicos.
La presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Julia Príncipe, dijo en rueda de prensa que además de las declaraciones de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala -que gobernaron Perú entre 2001 y 2016-, la Procuraduría Anticorrupción también pidió a la fiscalía que cite al dueño de la compañía, Marcelo Odebrecht, y a Jorge Barata, gerente de esa empresa en Perú.

Señaló que entre las personas a las que se requerirá declaración también hay exministros, expresidentes del Congreso, exgobernadores y exalcaldes de localidades donde la empresa brasileña desarrolló proyectos.

Las autoridades investigan el supuesto pago de sobornos por 29 millones de dólares en Perú.

En diciembre, ante una corte de Estados Unidos, Odebrecht y su petroquímica Braskem se declararon culpables de pagar sobornos en 10 países de Latinoamérica y dos de África luego de una investigación en Brasil de una gran red de corrupción.

El Gobierno y la fiscalía de Perú solicitaron información a Estados Unidos, Brasil y Suiza por los 29 millones de dólares en sobornos que Odebrecht reconoció haber pagado a funcionarios entre 2005 y 2014 para adjudicarse obras públicas.

El Gobierno peruano anunció que la constructora brasileña no podrá participar en futuras licitaciones de obras públicas. El Estado peruano registró un presunto perjuicio económico de 283 millones de dólares por irregularidades en los 23 proyectos ejecutados por la empresa brasileña Odebrecht en el país entre 1998 y 2015, según el contralor general de Perú, Edgar Alarcón.

Proyectos importantes de Odebrecht

Veintitrés obras de Odebrecht, investigada en Perú por sobornar a funcionarios peruanos, supusieron una inversión en conjunto de 16,940 millones de dólares. La Contraloría auditó 16 proyectos y las irregularidades estuvieron en el sistema de Carreteras Interoceánicas, la Línea 1 del Metro de Lima, la carretera del Callejón de Huaylas y el Gasoducto Sur Peruano (GSP).


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