Estaba a punto de dejar el aeropuerto de Las Américas cuando un oficial de Migración le retuvo el pasaporte a Nairym Hernández y, sin explicaciones ni preguntas, la dirigió a una oficina. Nairym se sintió medio abusada. Venezolana, de 29 años, era la única chica que quedaba cerca y ya estaba a punto de salir de la terminal. Eran los días de diciembre.
Estando ya en “el cuartito” fue cuando pudo explicar que es patinadora profesional, entrenadora en una agencia de mucho prestigio asentada en el país. “Yo les pregunté qué habían visto ellos en mí que decidieron requisarme. Ellos me respondieron que era muy aparente y las colombianas y las venezolanas tienen mala fama… me lo dijo un agente de Migración que me trató con mucho respeto”, recuerda.
Ese incidente es una demostración de la alerta que ha despertado la migración venezolana en República Dominicana, a posibles casos de trata, prostitución, narcotráfico y delincuencia. Si antes a estos extranjeros le cuestionaban muy poco su llegada, ahora se les verifica bien la documentación. Un agente de la Dirección General de Migración confirmó que con más ahínco y desde hace cerca de seis meses se les exige vuelo de ida y vuelta, una reservación válida en un hotel o una dirección donde se hospedará y todavía estando en Venezuela les avisan que deben tener solvencia económica para llegar a República Dominicana, porque si no pueden ser devueltos en el mismo avión de regreso. De hecho, Nairym contó que vio cómo devolvían 30 compatriotas suyos que volaron con ella.
Víctor Suárez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, confirma esa preocupación en la Cámara baja y admite que, aunque de manera oficial no hay proyectos para aumentar los controles, es una idea que se ha tocado entre algunos congresistas. “Lo que veo en el momento es que el Congreso estaría en la mejor disposición de revocar lo que en un momento tenía mucho sentido, que ahora no lo tiene porque lo que queremos evitar es que se sigan cometiendo delitos”, dice Suárez. Se refiere a esa facilidad que tienen los venezolanos de entrar al país solo con una tarjeta de turista, sin visa, y que según él respondía en el pasado a ampliar el intercambio cultural y comercial, en beneficio del país. Ampliar las exigencias, por ejemplo que ahora se exija visa, ha de ser una decisión que deberá ser aprobada en el Congreso.
El diputado para sustentar la “alta preocupación” de “algunos congresistas” menciona que muchos venezolanos en el país “se están dedicando, no todos, pero sí se han involucrado en temas de narcotráfico, prostitución”. Entonces hace un recuento de lo que ocurrió en 2016 en los centros nocturnos Casa Blanca, Pasión y Doll House, donde la Procuraduría Especializada contra el Tráfico de Migrantes y Trata de Personas rescató a 92 venezolanas y colombianas y los propietarios de estos negocios apresados. Uno de los involucrados es el venezolano Jolvert José Ramírez. El procurador Jean Rodríguez informó en el mes de noviembre, en el tiempo que se cerró Doll House, que la institución que dirige investigaba una red de trata de venezolanas en el país, con fines de prostitución.
Algunos crímenes y delitos.
Este año ha salido a la luz al menos dos casos de venezolanos involucrados en la clonación de tarjetas de crédito. En julio, la Policía anunciaba la desarticulación de una red que había sustraído más de 100 millones de pesos. Quien lideraba la banda, según dijo la uniformada, era el venezolano Jonathan Duarte Vargas, que había sido condenado en México y en su país por igual delito. Y en septiembre pasado, el Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT) apresó a cuatro venezolanos que retiraron de la misma forma más de un millón de pesos.
Este año los venezolanos también sonaron en casos de narcotráfico. El pasado 10 junio, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) anunció el decomiso de 748 paquetes de cocaína en el sector Los Cacicazgos, Distrito Nacional y Sans Soucí, Santo Domingo Este. Por el hecho fueron apresados doce personas, entre ellas tres venezolanos, un colombiano y un haitiano.
El pasado mes de noviembre, el Consejo del Poder Judicial (CPJ) ratificó la destitución de la jueza de la Oficina de Atención Permanente de La Romana, Aristilda Mercedes Rodríguez. La magistrada fue sometida a una investigación por ordenar la libertad de cinco venezolanos implicados en el tráfico de 349 paquetes de cocaína incautados en una aeronave en el aeropuerto de La Romana, en marzo del 2016.
Fueron 28 las deportaciones de venezolanos en el país durante el 2016, una cantidad insignificante que solo toma relevancia cuando se compara con años anteriores: en el 2015 y 2014 hubo tres deportaciones de venezolanos por año. Un agente de Migración que consultó elCaribe informó que luego de los haitianos, los venezolanos están superando en cantidad a otros extranjeros, en las redadas contra indocumentados.
Explotación sexual y laboral llegan a embajada
El embajador venezolano en República Dominicana, Alí de Jesús Uzcátegui, está al tanto de las informaciones de trata y prostitución de las compatriotas. El diplomático contó al diario dominicano El Nacional que tiene informes sobre grupos de tráfico humano desde su país, especialmente mujeres y también señaló que son innumerables, los casos que le llegan por explotación sexual o laboral. “Las quejas sobre explotación laboral y sexual de compatriotas nuestras es uno de los principales problemas que nosotros tenemos y que trataremos de resolver a través de nuestra sección consular en República Dominicana”, dijo el embajador en un artículo firmado por el periodista Diógenes Tejada, el pasado 21 de diciembre. En el mismo escrito, el embajador del país de América del sur exhortó a las venezolanas que son víctimas de abusos, a que se acerquen a la embajada para ser ayudadas.
