El financiamiento de los partidos políticos está en el centro de las reformas políticas y electorales que tiene pendiente el país, debido a que el dinero se ha convertido en uno de los principales problemas de la política, tanto por los altos costos de las campañas como por el origen cuestionable del dinero que llega desde el sector privado. El financiamiento de los partidos políticos en el país está contemplado en la Ley Electoral 275-97 en la modalidad pública y privada. En el caso del dinero que reciben los partidos del Estado, una de las principales críticas es la falta de transparencia con que los partidos manejan esos recursos y una muestra es que la mayoría de los informes que presentan ante la Junta Central Electoral (JCE) no cuentan con los soportes de sus ingresos y egresos.
Otro aspecto que critican politólogos y las entidades de la sociedad civil como Finjus y Participación Ciudadana, es el relativo a que los partidos no destinan las partidas necesarias del dinero que reciben del Estado para la formación política. Este año los partidos recibirán 805 millones de pesos del sector público.
En la propuesta de ley de partidos de la JCE, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) se contempla entre un 15 a un 25% de los fondos que reciben los partidos para la educación de su militancia.
El vicepresidente de la Fundación Institucionalizad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, señaló que los partidos políticos hacen un manejo opaco de los recursos que reciben y que el financiamiento es uno de los temas que generan mayor preocupación.
“El financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas ha ocupado un lugar principal en el debate sobre el sistema político dominicano, y los recientes hechos relacionados con la corrupción transnacional muestran que, pese a las reiteradas promesas de cambio, el manejo opaco de los fondos y la exclusión del tema a lo interno de los partidos continúa siendo una de las mayores debilidades de nuestro régimen democrático”, señaló Castaños Guzmán.
De su lado, el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, ha declarado que es partidario de que los fondos que los partidos reciben del Estado sean auditados.
“Los fondos públicos, que les corresponden al pueblo dominicano y tienen que dar cuenta de los mismos, hay que rendir cuentas. En lo que tiene que ver con el financiamiento privado, el pueblo tiene que saber de dónde provienen esos fondos privados, para los fines de que no se dé la situación de que venga de fuentes ilícitas”, dijo esta semana después de una reunión con la comisión de justicia del Senado que estudia la ley de partidos.
Francisco Álvarez, de Participación Ciudadana, dijo que los partidos se deben a la transparencia en el manejo del dinero que reciben tanto público como privado. “El financiamiento público a los partidos es importante porque los partidos son la columna vertebral de la democracia en la República Dominicana y hay que velar para que el financiamiento sea transparente”, dijo.
Igualmente, señaló que el financiamiento privado debe ser regulado y la JCE debe ser dotada de los instrumentos legales necesarios para que fiscalice los recursos. “Esa preocupación es porque los partidos se deben a la transparencia no solo frente a su militancia sino con toda la ciudadanía en sentido general”, expresó. Se quejó de que no exista una ley que castigue a quienes reciban fondos de ilícitos.
Sería un error retirar el financiamiento público
El representante de Idea Internacional para el Caribe, Daniel Zovatto, ha planteado que retirar el financiamiento público a los partidos sería un error. Por el contrario, ha planteado que se elimine el financiamiento privado a la política por considerar que genera distorsiones. “El dinero es la leche materna de la política, porque la relación entre el dinero y la política está en el corazón de la democracia y de la calidad de la democracia”, expuso al argumentar sus preocupaciones sobre el financiamiento electoral.
Argentina redujo tiempo de campaña y bajó gasto
La misma preocupación que tiene la República Dominicana sobre el financiamiento de la política la comparten la mayoría de los países de América Latina. Argentina, por ejemplo, optó por reducir el tiempo de las campañas electorales como mecanismo de hacerla menos costosa. Las medidas fueron adoptadas en el 2009 en un paquete de reformas políticas y electorales. Ese país optó por esa medida ante lo complicado que resulta establecer controles eficaces al financiamiento de las campañas electorales.
