La Finjus cuestionó ayer la decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE) que invalidó la alianza del PNVC con el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) consideró que la decisión, suscrita por tres de los cinco integrantes del TSE, “constituye un precedente que lacera frontalmente la institucionalidad del sistema político, al mostrar deficiencias relativas a la valoración probatoria”.
Respecto al fallo contra el Partido Nacional de Veteranos y Civiles (PNVC), el vicepresidente de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, señaló en un documento que para que el TSE pueda anular una convención de un partido debe contar con un arsenal probatorio que acredite fehacientemente la violación de normas constitucionales, legales o reglamentarias, o bien que se ha incumplido con normas estatutarias que no pueden ser subsanadas.
Entiende que el TSE debe ponderar integralmente el material probatorio sometido a la controversia y que se debe despejar cualquier duda en torno a la posible arbitrariedad de la decisión, porque lo que está en juego en la jurisdicción electoral es esencialmente la institucionalidad democrática.
Voto disidente
Castaños Guzmán destaca que el voto disidente del presidente del TSE, Mariano Rodríguez, indica que el tribunal “no tomó en consideración que el PNVC cumplió con los requisitos de mayoría en cuanto a la conformación de lista de electores internos, de publicidad de su convención, agenda determinada, e idónea convocatoria en cuanto al órgano con calidad para llamar a la convención”.
Sostuvo que por esto las razones argüidas para anular la convención son infundadas, carentes de base legal y contrarias a las normas que componen el bloque constitucional que garantizan el derecho fundamental al sufragio.
Aboga por imparcialidad de los magistrados
La Finjus advirtió que el TSE tendrá serias dificultades para asumir plenamente su rol institucional si sus integrantes no cuentan con la suficiente estabilidad en el cargo que les permita tomar decisiones sin la presión de la clase política.
Aspira a que en el futuro próximo el TSE pueda ejercer su jurisdicción con apego irrestricto a la Constitución y al orden jurídico.
