La Asociación de Instituciones Educativas Privadas (Ainep) sometió un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 86-00, que fija y regula las tarifas de los colegios.En la solicitud, depositada la semana pasada ante el Tribunal Constitucional, los dueños de colegios rechazan también lo establecido en los acápites F y G, del Código del Menor que prohíbe documentos y notas a padres de estudiantes con deudas, así como la circular del Ministerio de Educación, de fecha 1 de mayo del año 2012, que pretende obligar a los centros privados a demostrar con documentos de soporte las inversiones hechas para justificar las alzas de sus tarifas.
Indica que como consecuencia inmediata, por asunto de procedimiento de ley, el Ministerio de Educación queda impedido legalmente de amenazar a los demandantes y de ejecutar acción en contra de las instituciones que sustentan el recurso, hasta que el Tribunal se pronuncie al respecto. De otro lado, la Ainep, que abarca a los centros del Distrito 15-03, saludó la decisión de sacar del ámbito del Ministerio de Educación las responsabilidades del desayuno escolar y construcción de escuelas para un mejor desempeño, lo que a su juicio, también debe hacer con el control económico que han tratado de ejercer en los colegios privados de regular y fijar las tarifas.
¿Por qué no nos dejan entendernos con nuestros clientes (que no son menores de edad, sino padres, madres, tutores)?, cuestiona la Ainep, tras añadir que la oferta de colegios privados es amplia y varían los precios cobrados por los servicios ofertados, por lo que pueden escoger libremente el centro que más les agrade, que más les convenga y aquél que puedan solventar, al igual que cualquier otro servicio privado. La asociación sostiene que otra cosa posible para el Estado es otorgar suficientes recursos económicos a la educación pública, de modo tal que los padres de escasos recursos no se vean en la necesidad de inscribir a sus hijos en colegios privados.
