La Gobernación del Banco Central y las superintendencias figuran entre las posiciones públicas con más altos salarios.
El cargo de gobernador del Banco Central, que desde hace varios años ostenta Héctor Valdez Albizu, tiene un sueldo bruto mensual de RD$859,445, sin incluir otros beneficios que otorga esa institución, no sólo para un funcionario de su categoría, sino para todos sus empleados, aunque no al mismo nivel. De acuerdo con la nómina del Banco Central, colgada en su portal web, Valdez Albizu, tiene 37 años de servicio público y de su sueldo bruto tiene retención de Impuesto Sobre la Renta por RD$193,362.00, de la Seguridad Social por RD$45,277.49, descuentos por cuotas de préstamos por RD$185,378.99 y RD$550 por otros descuentos. En el caso de la vicegobernadora del Banco Central, Clarissa de la Rocha, su salario bruto es de RD$753,655. La asesora económica de la institución monetaria, Olga Luz Díaz Mora gana cada mes RD$450,565.
Mientras, el superintendente de Seguros, Euclides Gutiérrez Félix, tiene un sueldo bruto mensual de RD$575,000, de acuerdo con la nómina de julio de 2012. El intendente de Seguros, de su lado, gana cada mes RD$222,300.
En el caso, del superintendente de Bancos, que actualmente es Rafael Camilo, tiene un salario de RD$449,707.95. Sin embargo, llama la atención que este salario aparezca reducido, justo después del escándalo en que se vio envuelto el pasado superintendente, Haivanjoe NG Cortiñas, luego que se asignara una pensión de RD$651,000.
Hasta hace dos meses el salario del Superintendente de Bancos era de RD$825,152.12 y la pensión que el anterior titular gestionó (el viernes pasado renunció a ella) representaba cerca del 80% de ese sueldo.
Le iba mejor en Aduanas
El superintendente de Bancos actual, Rafael Camilo, viene de ocupar el cargo de director general de Aduanas, cuyo salario, según la nómina de septiembre de esa institución, es de RD$600,875, o sea, que ahora gana RD$151,168 menos que cuando estuvo en Aduanas. El salario de Camilo es ahora menor que el de la asesora económica del Banco Central. En el caso del intendente de Bancos, el salario bruto mensual es de RD$361,975.58, el anterior, Daris Javier, devengaba más de RD$500,000 y se pensionó con más de RD$400,000.
El cargo de superintendente de Valores, que actualmente recae sobre Gabriel Castro González, tiene un salario mensual de RD$470,166.56, mientras el intendente de Valores gana RD$251,131. El superintendente de Electricidad, Eduardo Quincoces, devenga un salario mensual de RD$430,408.80. Mientras, el superintendente de Pensiones, Joaquín Gerónimo, tiene un salario bruto mensual de RD$370,000.
Entre los superintendentes del Estado, el de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) es el que percibe el salario más bajo, incluso, inferior a algunos intendentes de otras entidades. Fernando Caamaño percibe RD$290,000 mensuales.
Una ley sobre el tema
En agosto pasado el entonces presidente Leonel Fernández, en la que pudo ser su última decisión importante como jefe de Estado, observó y devolvió a la Cámara de Diputados, la Ley de Regulación Salarial del Estado Dominicano, que había sido aprobada en la víspera. El objetivo de la norma es que el país cuente con una regulación de los salarios y por eso había sido trabajada mucho tiempo antes por el Ministerio de Administración Pública, que dirige Ramón Ventura Camejo.
Las reacciones negativas surgieron poco antes de que la pieza fuera aprobada, por sectores que entendían que era un caldo de cultivo para el retroceso, debido a que pondría sueldos topes a funcionarios de entidades que se entiende deben ganar altos salarios. Esto así, a pesar de la desigualdad que implica el hecho de que en República Dominicana el salario mínimo estatal, es decir, el de la mayoría de los empleados, es de apenas RD$5,117 mensuales.
Iniquidad salarial
El Régimen de pensiones que impera en República Dominicana garantiza los derechos adquiridos de los trabajadores, lo que en principio es visto como un elemento positivo a favor de los ciudadanos que han servido, principalmente al Estado por una cantidad de años específica.
Sin embargo, dado que muchas instituciones del Estado gozan de autonomía y descentralización, mediante sus respectivas leyes, en sus consejos directivos se aprueban regímenes para el retiro con elevados sueldos tras durar sólo dos o tres años de funciones, lo cual permite que una persona sin edad de retiro goce de una o varias pensiones y pueda seguir laborando en el aparato estatal.
Son los casos de entidades como el Banco Central, el Banco Nacional de la Vivienda, las superintendencias que regulan diversas actividades económicas, y las empresas o entidades del Estado que operan como comerciales.
Otra iniquidad que se registra en el Estado es el beneficio de la cesantía (pago de liquidación) para empleados de ciertas entidades, mientras que para las instituciones centralizadas ese aporte no existe. Es así como, por ejemplo, el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) liquida con cesantía a sus empleados, mientras el Ministerio de Agricultura, su institución rectora, no contempla este beneficio para sus empleados.
La Ley 87-01, sobre Seguridad Social, y diversos reglamentos del Consejo Nacional de la Seguridad Social, reconocen los regímenes de pensiones particulares de determinadas instituciones, distintos al sistema actual de ahorro individual. La parte negativa es que esos regímenes de pensiones contienen privilegios para funcionarios de alto rango que generan impotencia ante los que menos pueden.
El hecho de que la Constitución y leyes adjetivas garanticen, como es lógico, los derechos adquiridos de los ciudadanos, se ha combinado con la falta de controles y regulaciones a lo interno de entidades descentralizadas para que funcionarios de alto nivel adquieran más de una pensión.
Además de poder adquirir más de una pensión, la falta de legislaciones específicas sobre la materia, permite que un trabajador, con una o varias pensiones, continúe desempeñando funciones públicas o privadas y devengando salarios adicionales por sus labores.
El caso de Haivanjoe NG Cortiñas, quien se había beneficiado con una pensión por RD$651,000 mensuales por su permanencia de más de dos años en la Superintendencia de Bancos, es sólo uno de diversos ejempleos. NG puede, por derecho legal, cobrar esa pensión y a la vez seguir como funcionario público asalariado en cualquier otra institución.
Se recuerdan los casos de funcionarios públicos pensionados de gobiernos anteriores. Por ejemplo, Vicente Bengoa, cuando fue superintendente de Bancos en el primer gobierno de Leonel Fernández, salió en el año 2000 con una pensión que rondaba los RD$90,000 mensuales. Posteriormente volvió a ocupar posiciones en el Gobierno tan importantes como el Ministerio de Hacienda y ahora la administración del Banco de Reservas, pero su pensión adquirida en la Superintendencia de Bancos sigue vigente.
En la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales existía al momento de la capitación de las empresas públicas un régimen que.
Pide ver observaciones a ley de salarios
El ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, exhortó al presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Demóstenes Martínez, a continuar el estudio y debate de las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo a la Ley General de Salarios, que fue devuelta el pasado mes de agosto.
“Los diputados deben concluir estos trabajos para cumplir con la finalidad del Estado de dotar a la Administración Pública dominicana de una legislación que contribuya con la transparencia, regule los salarios, elimine las discrecionalidades y las iniquidades salariales, bajo el principio de “igual trabajo, igual remuneración”, expresó.
Camejo ha manifestado la disposición de colaborar con los legisladores para el conocimiento y debate de las observaciones del Poder Ejecutivo a la Ley. “Lo importante es culminar este proceso y que la legislación sea aprobada, promulgada y que entre en vigencia, porque eso va a contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad y la transparencia en la Administración Pública en el país”, acotó.
También destacó que uno de los puntos a enfrentar es el de iniquidad en el sistema salarial del aparato estatal.
