A final de esta semana, la Junta Central Electoral (JCE) pondrá fin al debate que ha surgido en medio de las crisis por el coronavirus COVID-19 sobre la posposición de las elecciones presidenciales y congresuales pautadas para el 17 de mayo que, por la situación actual, han puesto en duda su celebración.
Hoy vence el plazo dado por la JCE a los partidos políticos para que estos den su opinión sobre un posible cambio de fecha de los comicios que, a su vez, ha generado debates jurídicos sobre la pertinencia o no de este movimiento por los mandatos constitucionales que se incumplirían.
Desde ya, las organizaciones políticas y entidades de la sociedad civil han propuesto diferentes fechas, pero la que más ha predominado es el 12 de julio para una primera vuelta y el 26 de julio para una eventual segunda vuelta, sin que estas disposiciones afecten la toma de posesión y traspaso de mando que debe efectuarse el 16 de agosto de este año.
Partidos quieren sea el 12 de julio
La fecha del 12 de julio ha sido respaldada por el Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (Fopppredom), que agrupa 22 organizaciones; el Partido Liberal Reformista (PLR); Participación Ciudadana; el partido Fuerza del Pueblo (FP); Alianza País (Alpaís).
El Observatorio Político Dominicano (OPD) ha planteado el 5 de julio para la realización del certamen y el 26 para la segunda vuelta.
FP apoya posposición y pide consenso de partidos
Ayer, la FP envió su opinión escrita a la Junta en la que estableció que apoya que el órgano posponga las elecciones presidenciales y congresuales previstas para una nueva fecha que no exceda el vencimiento del periodo constitucional del mandato de las actuales autoridades presidenciales y congresuales que, de conformidad con el artículo 274 de nuestra carta magna, vence el 16 de agosto del 2020.
Sostuvo que el Pleno de la JCE, a la luz de la Constitución y la Ley 15-19, debe establecer la fecha que más convenga al interés general, sin el límite de los 30 días que solamente aplica a los casos de anulación de elecciones dictadas por el Tribunal Superior Electoral (TSE).
El partido también sugirió que la nueva fecha permita el voto tanto de los electores residentes en el país como los residentes en el extranjero y, por consiguiente se propone el 12 de julio para la primera vuelta y el 26 de julio para la segunda vuelta.
La organización detalló que están de acuerdo con el aplazamiento porque la salud del pueblo dominicano es prioridad; por la necesidad de respetar las medidas de distanciamiento social y otras disposiciones de combate al Covid-19; por el Estado de excepción constitucional y su prórroga; por la curva de expansión del virus en el país; por la referencia internacional del Covid-19 y las elecciones; por la imposibilidad de efectuar el voto en el exterior y de elegir 7 diputados del ultramar; por la abstención y Legitimidad de las autoridades electas y por las dificultades logísticas para el montaje de las elecciones.
La Fuerza del Pueblo entiende que el Pleno tiene que llegar a un acuerdo con los partidos políticos, porque estos constituyen los canales a través de los cuales se transmite la voluntad popular de los ciudadanos, mediante la postulación de candidaturas. Consideran arribar a un consenso sería una medida de buena administración.
PRSC responderá luego de Semana Santa
Mediante una carta dirigida al Pleno, el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) dijo que depositará su opinión la semana próxima luego de la Semana Santa.
“En ese sentido, dado que ahora nos encontramos en la Semana Mayor, periodo de reflexión y de encuentro con nuestro Dios, el Partido Reformista Social Cristiano, en comunicación que depositará en el curso de la semana entrante, expondrá sus consideraciones definitivas relativas a fecha, modo y condiciones que entiende deben prevalecer para la celebración de las elecciones. En todo caso, siempre poniendo por delante la seguridad y salud del pueblo dominicano”, sostiene.
El partido rojo consideró como imperativo que se pondere la mejor manera de llevar a cabo una nueva calendarización, en la que se cuente con el visto bueno de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y que el país haya dado muestras fehacientes de tener controlada la situación, que garantice la seguridad y salud de los electores y de todo el personal involucrado en el proceso como los funcionarios de los colegios electorales, delegados de los partidos, observadores y otras personas indispensables para la realización de las elecciones.
