Iniciativa improcedente

    El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) ha emitido una posición suficientemente sólida en términos técnicos y legales acerca del proyecto de ley que busca la devolución a los afiliados del 30% de los fondos de pensiones de capitalización individual.
    Un detallado documento publicado ayer por el BCRD en los diarios nacionales, calzado con la firma del gobernador Héctor Valdez Albizu, expone al menos cuatro situaciones negativas que afectarían a la macroeconomía en general y a los afiliados en particular, de ser aprobada la iniciativa que cursa en el Congreso.

    El retiro anticipado del 30% de los ahorros de los cotizantes representaría un exorbitante aumento de RD$173,000 millones (más de un 64%) en la emisión monetaria. Esa situación, advierte el BCRD, provocaría un exceso de demanda de bienes y servicios que, en una situación como la actual, de ralentización de las actividades económicas, generaría un aumento generalizado de precios.

    Hablamos de inflación. Y la inflación es reducción del poder adquisitivo de las personas por la pérdida de valor de sus ingresos y ahorros, deteriorando su capacidad de consumo y afectando, como impuesto regresivo, a los más desposeídos.
    Aumentaría la pobreza y la incertidumbre entre los más favorecidos, que buscarían refugio en las monedas fuertes.

    En el país hay experiencia no muy lejana del impacto negativo en la población de un aumento desmesurado de la emisión monetaria. El salvamento a los bancos que quebraron en el 2003 es la mejor referencia, cuando se generó un costo para la economía equivalente al 20% del PIB, según el documento del BCRD. Fue un costo que todavía gravita sobre el país.

    Reeditar situaciones similares sería contraproducente. Se haría buscando una modificación a la Ley 87-01 de Seguridad Social, la cual sería incluso distorsionada en su concepto previsional, pues los fondos de pensiones fueron concebidos para proveer pensiones cuando el trabajador cese su vida productiva. No para auxilios coyunturales.

    Redistribuir el 30% de los fondos de pensiones, que además están invertidos, no guardados en bóvedas o en las cuentas de las AFP, pondría a esas entidades en aprietos y a los afiliados en riesgo de recibir menor pensión y/o aumentar la edad de retiro.
    Es una iniciativa improcedente, que como advierte Valdez Albizu, dañaría gravemente la economía.

    Mantente informado

    Recibe en tu correo actualizaciones diarias
    de las noticias mas importantes de la actualidad.

    Compartir
    Noticia anteriorSí, es una crisis, pero ¿cómo la superamos?
    Noticia siguienteLa difusión de noticias falsas