Presos preventivos permanecen bajo pésimas condiciones

La situación de los presos durante la cuarentena ha empeorado.
Panelista considera que en cuarentena, el principal factor que promueve el hacinamiento es el uso desmedido de la prisión preventiva

Desde que inició la cuarentena, en marzo pasado, todas las personas a las que se les impone prisión preventiva permanecen en los destacamentos policiales, donde no existen las condiciones para cumplir la medida de coerción, y no en los centros de reclusión que determinó el juez de su caso.

Así lo afirmó Cristian Cabrera, coordinador departamental de la Oficina de Defensa Pública de San Cristóbal, quien considera que el uso excepcional de la prisión preventiva en estos momentos debe implementarse más, debido a la situación por la COVID-19.

Consideró que estar recluido en un destacamento, o centros de reclusión, representa un riesgo, no solo para la persona a quien se le impone, sino también para aquellos privados de libertad que están en el lugar a donde ese imputado tiene que ir a cumplir la medida coercitiva, debido a la aglomeración y hacinamiento que existen allí, lo que contribuye al contagio del virus.

“Es una problemática, recordemos que los destacamentos de la República Dominicana no están habilitados para que personas privadas de libertad permanezcan en ellos por más de 24 horas, porque no tienen las mínimas condiciones para mantener personas en esos lugares”, sostuvo.

Durante el webinar “Prisión preventiva en tiempos de la COVID-19”, organizado por el Poder Judicial y la Escuela Nacional de la Judicatura, el jurista explicó que, como medida de contención, por el brote de la COVID-19 en la mayoría de los centros y cárceles tradicionales se adoptó la idea de no permitir el ingreso de personas, en este caso, hasta tanto pase la crisis sanitaria.

“Y de ahí que esas personas a las cuales se les impone prisión preventiva, van a cumplir las mismas en los diferentes destacamentos del país, provocando situaciones como las que reportan actualmente en el distrito judicial de La Romana donde los presos se han, digamos hasta cierto punto, ntentado amotinarse, debido a la situación por la que están atravesando de hacinamiento, unido a la sospecha de que otras personas que han ingresado a ese lugar, posiblemente estén contagiados de coronavirus”, agregó.

El defensor público indicó que este problema, de los presos preventivos en los destacamentos, es viejo y que inició cuando la Dirección General de Prisiones empezó a desarrollar el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, lo que, dijo, provoca que actualmente una gran cantidad de personas con prisión preventiva esté en los destacamentos porque en los centros de privación de libertad no hay cupo para su ingreso.

“Por lo que me parece que las políticas, en este caso, represivas por parte del Estado deben estar coordinadas, con las políticas trazadas por el Presidente de la República, para frenar el coronavirus, de ahí que me parece, que mantener el crecimiento de la población penitenciaria como está ocurriendo actualmente no permite que se puedan garantizar el distanciamiento social”, expresó.

Al respecto, Joel López, procurador fiscal titular de la provincia Monseñor Nouel, quien también participó en el panel, indicó que las autoridades penitenciarias elaboraron y protocolo y que cuando tomaron la decisión de restringir el acceso de las personas a las que se le impusiera prisión preventiva, se hizo en aras de cuidar a los internos que están dentro de las cárceles.

“Es decir, que esa decisión tampoco es definitiva, en el sentido que dice el defensor (Cabrera), esa decisión fue tomada hasta que pase el coronavirus y eso no es así”, dijo.

El magistrado sostuvo que actualmente la Procuraduría General de la República (PGR) está haciendo un levantamiento de dónde hay presos con medida de coerción privativa de libertad en destacamentos de la Policía Nacional a los fines de realizarle una prueba de la COVID-19.

Dijo que en los destacamentos se están tomando los controles y si hay un imputado cumpliendo una prisión preventiva lo tienen aislado y que luego de agotada la fase de la realización de la prueba, los imputados con esta medida de coerción serán enviados a los centros para las cuales el juez impuso donde debía cumplirla.

Prisión preventiva y hacinamiento

Durante el panel virtual, el defensor público Cabrera manifestó que “el principal factor que promueve el hacinamiento es el uso desmedido de la prisión preventiva”.

Detalló que, de acuerdo a datos de la Dirección General de Prisiones, de los más de 26 mil privados de libertad, 10,267, es decir, el 38.5 por ciento son presos condenados. Mientras que 16, 427 son presos preventivos

“Son cifras que hay que tomar en cuenta porque de ellas se advierte una situación relevante y es el alto nivel de hacinamiento sobre todo en las cárceles tradicionales”, dijo.

Cabrera consideró que las autoridades se contradicen al reconocer que el sistema carcelario está colapsado, pero el Ministerio Público sigue usando la prisión preventiva como medida principal.

Puso como ejemplo, que la Oficina Nacional de la Defensa Pública reporta que, en abril, ingresaron a los recintos penitenciarios 294 personas, de estas 253 con prisión preventiva y 41 personas por garantías económicas, que dijo son de imposible cumplimento y se traducen en prisión preventiva.

De su lado, el procurador fiscal indicó que, debido a la situación, en su distrito judicial, están dando un trato excepcional a la solicitud de prisión preventiva.

Dijo que en lo que va del Estado de Emergencia, en Bonao, de las 55 solicitudes de medida de coerción, solo 33 fueron de prisión preventiva tomando en cuenta los parámetros de gravedad.

Asimismo, al responderle a Cabrera, el procurador fiscal dijo que, en la práctica, la personas que no tiene prisión preventiva en casi todos los distritos judiciales, es casi imposible que se conozca el juicio, y cuando eso sucede, “nosotros tenemos una víctima que se siente desprotegida”.

“Y eso lo decimos, no en ánimos de establecer que la prisión sea la norma, porque en nuestro caso no es así, pero la mayor garantía en los casos graves es que esa persona esté bajo prisión para que no se sustraiga del proceso”, agregó.

Preocupación de la región

En el webinar también participó el juez José Alejandro Vargas, coordinador del Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien indicó que la preocupación por la prisión preventiva no es un tema solo en República Dominicana, sino en la región. El magistrado dijo que se ajustan a los requerimientos que establece la norma procesal penal, en el momento de imponer una medida cautelar y que están haciendo todo lo pertinente, en cuanto a dar una respuesta rápida, y precisa cuando se trata de las garantías de los derechos fundamentales. “Y ustedes han sido testigos, de que las oficinas de Atención Permanente han estado trabajando de manera incansable, incluso, con los habeas corpus, con las medidas cautelares, las órdenes de protección, y eso es lo más que podemos hacer (en este tiempo de coronavirus)”, dijo. Sostuvo que cuando se habla de prisión preventiva en tiempos de coronavirus, es difícil que un juez pueda sustraerse a los rigores que impone la propia ley procesal penal, que le impone la Constitución de la República, “pero eso tiene que ajustarse a las observaciones de supremacía constitucional como son los principios de presunción de inocencia y sobre todo ese principio de proporcionalidad”.

Mantente informado

Recibe en tu correo actualizaciones diarias
de las noticias mas importantes de la actualidad.

  • Etiquetas
  • d3
Compartir
Noticia anteriorBanreservas aplica medidas flexibles a favor de sus clientes
Noticia siguienteSenado aprueba prórroga de 15 días al estado de emergencia