Se ha armado un alboroto por la declaración del presidente Luis Abinader de que dispuso a la Contraloría General auditar los actos de la administración anterior en las diferentes instituciones del gobierno.
Se alega que la Contraloría no tiene calidad para auditar las instituciones en los términos en que han sido anunciados, porque supuestamente esa competencia es propia de la Cámara de Cuentas, como órgano externo para la fiscalización de las cuentas públicas.
Sin embargo, el artículo 246 de la Constitución establece que “el control y fiscalización sobre el patrimonio, los ingresos, gastos y uso de los fondos públicos se llevará a cabo por el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, en el marco de sus respectivas competencias, y por la sociedad a través de los mecanismos establecidos en las leyes”.
Y específicamente, en el artículo 247 precisa que “la Contraloría General de la República es el órgano del Poder Ejecutivo rector del control interno, ejerce la fiscalización interna y la evaluación del debido recaudo, manejo, uso e inversión de los recursos públicos…” de las instituciones bajo su ámbito, de conformidad con la ley”.
Esas funciones son muy bien detalladas por la ley 10-07 sobre control interno, y resulta chocante que ahora surjan voces que cuestionen la disposición de Abinader por el simple hecho de que la Cámara de Cuentas no tiene las condiciones para desempeñar la labor que le es propia, como control externo de las instituciones públicas.
No viola nada que el presidente aliente la investigación del desempeño de la administración anterior a través de la Contraloría. Es lo propio, lo normal, porque es el órgano que audita internamente al Poder Ejecutivo o a las instituciones que están bajo su competencia.
Y es necesario en la actual coyuntura, porque la historia ha demostrado que la Cámara de Cuentas padece del mismo mal de la justicia. Obra según los designios imperantes al momento de su designación.
Ahora bien, no resulta práctico que la Contraloría audite todos los ministerios al mismo tiempo. Tampoco podría. Lo inteligente sería que si el Presidente tiene indicadores que sugieran la necesidad de investigar precisas dependencias, se haga, sin más ni más.
