Son variados y no menos profundos los desafíos de la sociedad dominicana.
En cada una de las naciones del mundo existe un nivel de organización de la sociedad expresado y representado en el Estado, con sus distintos poderes y atribuciones. De ese esencial instrumento del progreso humano y sobre todo de su gerencia dependen, en una proporción, las condiciones de vida de las personas que habitan cada nación. Hay Estados en el mundo que su problema está asociado a la propia vida o sobrevivencia de cientos de miles o millones de personas resultado de guerras que alteran de forma radical sus existencias, sobre todo la de los más débiles: niños, ancianos y no pocas mujeres con la mayor carga del hogar. El caso de Siria hoy, con una guerra en la cual han muerto más de 400 mil personas y que ha desplazado a 4 millones, es la expresión de hasta dónde pueden llevar los conflictos humanos a la inestabilidad de un Estado, que coloque en verdadero peligro la propia vida y la mínima paz hasta para una ordinaria existencia.
El Estado dominicano hoy ha logrado a partir de las distintas fuerzas políticas y sociales que concurren en una larga y difícil evolución histórica, un grado de estabilidad y funcionamiento caracterizado principalmente por procesos electorales que al menos aseguran su funcionamiento básico, así como una economía que, aun con sus desafíos y adversidades, contribuye también con el desenvolvimiento normal de la sociedad.
Es un buen ejercicio que las fuerzas económicas, sociales y políticas expresadas en organizaciones y personas, hagan el examen de los desafíos pendientes en distintos aspectos, con la vista puesta principalmente en los más débiles. Por ejemplo, no aplazar más el real fortalecimiento de la Justicia; buscar una solución de fondo a lo electoral; que la transparencia en la gestión de los recursos públicos llegue a ser un verdadero compromiso de las presentes y futuras generaciones; que el problema deje de ser sólo la elaboración de leyes y que al mismo tiempo se procure su cumplimiento o inmediata adecuación con la realidad para que dejen de ser “leyes de cielo azul”. Que la descentralización por la vía de los municipios, no sea una forma más de reducir el tamaño de burocratización, de corrupción e ineficiencia. Que se inicie un efectivo proceso para hacer más segura la vida de ciudadanas y ciudadanos. Y que respuestas efectivas a problemas centrales como la salud y la educación se hagan sentir.
Es difícil; pero más allá de los tantas veces patológicos egoísmos, son objetivos alcanzables.
