Desde que el presidente Luis Abinader se instaló en el Palacio Nacional en agosto de 2020, sus declaraciones en torno a los distintos integrantes de la Cámara de Cuentas, tanto de la gestión pasada (2017-2021) como la de ahora, han generado debates sobre si es injerencia o no que el mandatario se refiera, ya sea bien o mal, a un órgano autónomo y descentralizado como es ese órgano fiscalizador.
En teoría la Cámara de Cuentas tiene personalidad jurídica instrumental, carácter técnico y autonomía administrativa, operativa y presupuestaria, correspondiente al examen de las cuentas generales y particulares de la República mediante auditorías, estudios e investigaciones especiales.
Sin embargo, Abinader instruyó ayer a la nueva Cámara de Cuentas, encabezada por Janel Ramírez Sánchez, para que haga una auditoría financiera a la Planta Termoeléctrica Punta Catalina, luego de posponer por presiones mediáticas y opiniones de los ciudadanos el proyecto del fideicomiso que generó rechazo hacia el Gobierno de manera casi unánime.
Pero más que buscar transparencia, su discurso ante el país pareció una contundente respuesta (de momento) al fracaso de someter ante el Congreso el proyecto de fideicomiso en Punta Catalina.
Porque, si de verdad se busca transparencia, se entiende que no había que esperar hacer una auditoría en este momento para claramente apagar un “fuego”, como lo fueron las críticas a ese intento de fideicomiso que puso en tela de juicio las motivaciones del Gobierno respecto a esa termoeléctrica.
Pero no es la primera vez que la Cámara de Cuentas es utilizada en un discurso del presidente Abinader para controlar el relato del momento.
Pidió renuncia de todos
Y es que (y con todo respeto), ya hemos visto que el presidente se ha “emocionado” en más de una ocasión, como dicen en mi campo cuando una persona se extralimita de sus quehaceres o cuando se apasiona tanto que pierde la perspectiva y hace más de lo que debería hacer.
Solo hay que recordar cuando en octubre de 2020, menos de dos meses después de asumir sus funciones presidenciales, hizo un llamado público a la pasada gestión de la Cámara de Cuentas para que renunciaran en masa bajo el alegato de estos “responder a los intereses del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y ser parte de su ‘blindaje’.
En aquel momento, Abinader sentenció que: “este organismo (la Cámara de Cuentas) que tenía años sin realizar auditorías ya envió auditores a las principales instituciones. Esta estructura de impunidad establecida por el PLD la estamos desmantelando e inmediatamente tengamos los resultados de las auditorias actuaremos”.
Estas declaraciones supusieron su primer desliz como flamante gobernante, en medio de la luna de miel que goza un presidente cuando se juramenta poco más de un mes como principal estadista.
Y es que efectivamente, aquella Cámara de Cuentas que encabezaba Hugo Álvarez Pérez le tomó la palabra al presidente Abinader, por lo que al día siguiente, ya amedrentado y amenazado, anunciaría su renuncia del órgano fiscalizador para no obstaculizar al poderosamente popular mandatario.
Todos aplaudieron y vitorearon esa medida que, además de avasallante, era obvio que era una pifia. Pero al parecer, la única que se dio cuenta de ese error fue la directora de Ética Gubernamental, doña Milagros Ortiz Bosch, quien días después de ese desliz del presidente le pediría a Hugo Álvarez Pérez que no renunciara y que culminara su mandato.
Operación Caracol
En febrero de 2021, el Ministerio Público realizó un allanamiento a esa Cámara de Cuentas donde supuestamente encontraron «miles de documentos y evidencias de que el órgano fiscalizador supuestamente maquillaba auditorías para favorecer a instituciones del Estado».
Además de a Hugo Álvarez Pérez, también señalaron a los demás miembros de pertenecer a esta conjura para favorecer funcionarios pasados. Los otros integrantes eran Pedro Antonio Ortiz Hernández, Carlos Noés Tejada Díaz, Margarita Melenciano Corporán y Félix Álvarez River.
Ha pasado casi un año después de esa operación y hasta el momento no se han presentado acusaciones oficiales contra esos exmiembros del organismo fiscalizador, a pesar del despliegue mediático del que fueron objetos.
Además, nada se ha sabido sobre esos documentos encontrados en el allanamiento sobre supuestas auditorías maquilladas o tergiversadas.
