El Congreso Nacional es el primer Poder del Estado y el que tiene la responsabilidad, de acuerdo al artículo 93 de la Constitución, de legislar y fiscalizar en representación del pueblo.

Como entidad autónoma y capaz de crear leyes, es pertinente saber cómo ha sido su desenvolviendo desde inicio de la primera legislatura (27 de febrero) hasta la fecha actual, cuando casi culmina el 2021 y la segunda legislatura ordinaria.

Las labores legislativas del órgano bicameral para el este año terminaron el pasado martes, en la Cámara de Diputados, sin que se logre la aprobación de las leyes más esperadas de la sociedad; como es el importante y controversial proyecto de ley del Código Penal, el cual se conocerá en enero próximo.

La iniciativa tiene dos décadas estudiándose y “brincando” en el Congreso, y solo espera ser ratificada por los diputados para convertirse en Ley y pasar al Ejecutivo para su promulgación, o en su defecto, ser vetada.

El actual Código Penal tiene 137 años, ya que data desde el 1884, sin embargo, a pesar de ser longevo, tal parece que algunos sectores lo ven como el vino: mientras más añejo mejor.

Además de esta legislación, hay otras importantes iniciativas que quedaron pendientes de aprobación, como son: el proyecto de ley orgánica de referendo consultivo y referendo constitucional aprobatorio; ley sobre juicios de extinción de dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos; ley de agua de la República Dominica; ley de ordenamiento territorial y uso del suelo; el Código Civil; y la ley que manda entregar el 30% de los fondos acumulados en las AFP a los trabajadores.

Iniciativas en riesgo de perimir

En la pasada legislatura, la Cámara Baja creó una comisión especial para trabajar el proyecto de ley orgánica de referendo consultivo y referendo constitucional aprobatorio, la cual realizó vista pública y escuchó a 11 proponentes. Sin embargo, la pieza no ha sido sancionada y tiene el riesgo de perimir el próximo 12 de enero, cuando vence la segunda legislatura ordinaria.

Entre las iniciativas que la población desea que sancionen, pocas destacan como el proyecto de ley sobre juicios de extinción de dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos. La legislación, que descansa en el Senado, para su avance se creó una comisión bicameral que no ha podido llegar a un consenso para rendir un informe favorable por lo complejo de su contenido. La pieza también va rumbo a perimir a principio del próximo año.
Los Estados Unidos mostraron interés público en que el Congreso Nacional priorice sancionar esta legislación.

Otra iniciativa que corre el riesgo de perimir, es el proyecto de ley de agua potable y saneamiento. Depositada en la Secretaría General Legislativa del Senado el pasado cinco de marzo. La pieza logró ser colada en agenda del día, en la sesión de fecha 09 de marzo; enviada a comisión, y de ahí no se sabe más nada. El proyecto de ley también está en riesgo de perimir el próximo año.

El Congreso Nacional tiene más de dos décadas en una especie de “juego de ping pong” con el proyecto de ley de ordenamiento territorial y uso del suelo, que se introduce de forma recurrente en sus dos cámaras pero que se deja perimir.

El pasado mes de mayo, consultada para elCaribe, la senadora Faride Raful, aseguró que el retraso en la aprobación de la legislación se debía a que el PLD “la mantuvo secuestrada” por más de 14 años. No obstante, la pieza corre el riesgo de perimir.

Dos legislaciones con la soga al cuello

A la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos del Senado se le asignó apoderarse del proyecto de ley del Código Civil de la República Dominicana el pasado 06 de abril. La legislación toma como consideración que el actual Código data del año 1884, y se adoptó como ley el Código Civil Francés, el cual fue traducido y adecuado a la legislación dominicana. El proyecto consigna que el cuerpo legal no satisface los requerimientos actuales de la sociedad dominicana, a pesar de las numerosas leyes que han modificado su contenido durante el curso de su vigencia de 137 años. La iniciativa va rumbo a perimir.

El primero de diciembre, la Cámara de Diputados envió a la comisión bicameral de Seguridad Social el proyecto de ley que permite a los afiliados de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), el retiro único anticipado y opcional de hasta el 30 % de sus fondos acumulados. La controversial iniciativa, propuesta del diputado reformista Pedro Botello, había perimido el pasado 27 de febrero, ya que solo había alcanzado aprobarse en la Cámara Baja, pero fue reintroducida en marzo, sin lograr aprobación hasta la fecha. El proyecto se une al listado de las iniciativas rumbo a perimir.

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