Rafael Toribio informó que probablemente las discusiones inicien antes del 27 de febrero; no se sabe si van los partidos
El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Rafael Toribio, informó que hoy la Comisión Ejecutiva del organismo se reunirá para determinar la forma y la fecha en que se iniciará el diálogo para discutir el fideicomiso para la administración de la Termoeléctrica de Punta Catalina. El pasado domingo el presidente Luis Abinader informó que el criticado fideicomiso será debatido en el CES.
“Sí, vamos a analizar de qué manera ponemos en ejecución la encomienda del Presidente, de que se debata en el CES para conocer la opinión de los diferentes sectores”, señaló el presidente de la entidad, Rafael Toribio, al conversar con elCaribe.
Cuestionado sobre si los debates podrían iniciar antes de que arranque la legislatura el 27 de este mes, respondió que probablemente sí. Garantizó que empezarán tan pronto se defina el formato que se va a utilizar para desarrollar esa discusión.
Igualmente, dijo que no es competencia del CES opinar de si es necesario que el presidente retire el proyecto del Congreso. “Ahí nosotros no tenemos competencia. Nosotros sí vamos a analizar lo que el Presidente sometió al CES, simplemente que busquemos las opiniones de los diferentes sectores sobre la mejor manera de manejar el tema de Punta Catalina”, apuntó Toribio.
A raíz del anuncio del gobernante han surgido dudas de si ese tema será discutido en el marco del diálogo de las reformas o el CES se activará institucionalmente para conocerlo.
Los partidos políticos no forman parte de ese organismo, pero a raíz del diálogo de las reformas que convocó el presidente Abinader, doce organizaciones políticas con representación congresual fueron integradas.
¿Qué es el CES?
El Consejo Económico y Social adquirió categoría constitucional en el 2010 y en el 2015 se aprobó la Ley 142/15 que instituye la entidad. ¿Quiénes lo integran? El CES está compuesto por una larga de lista de entidades del Poder Ejecutivo y sociales en la que no figuran los partidos políticos. La integran 15 representantes de organizaciones laborales, incluidos tres de gremios profesionales; 15 representantes de organizaciones sociales, incluyendo a las iglesias, instituciones académicas, organizaciones comunitarias.
Los integrantes del órgano están establecidos en el artículo 8 de la ley 142/15 y en ninguna parte dice que los partidos políticos forman parte del organismo.
El artículo 3 de la legislación lo define como entidad de carácter nacional, intersectorial, interterritorial, de carácter permanente, adscrito al Ministerio de la Presidencia.
El artículo 5 de la Ley 142/15 establece que es un órgano consultivo y de concertación social que, a solicitud del Presidente de la República o a iniciativa propia puede participar de 17 temas de tipo social y laboral que no incluyen temas políticos y de democracia.
Los temas abarcan examinar y estudiar los problemas económicos, sociales y laborales que afectan a la sociedad, buscar concertación democrática de trabajadores y empleadores, incorporar iniciativas de desarrollo social y laboral, proponer iniciativas legislativas para esos temas, elaborar estudios sobre temas laborales y sociales, presentar anualmente un informe sobre la situación económica y laboral del país, opinar sobre el presupuesto y presentar iniciativas de concertación sobre el ámbito de su competencia.
Dar seguimiento a los pactos y acuerdos en el ámbito de su competencia, Emitir un informe al final de cada año sobre el cumplimiento de los acuerdos sociales arribados y las regulaciones que guarden relación con el ámbito del CES, coordinar la participación social en el proceso de seguimiento, monitoreo y evaluación de la Estrategia Nacional de Desarrollo y conforme lo ordena la ley que la regula y propiciar las veedurías sociales, la rendición de cuentas y el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo, así como participar en la evaluación anual del cumplimiento de las metas establecidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Proyecto de ley fideicomiso público
Varios juristas están convencidos de que la respuesta a las inquietudes levantadas por el contrato de fideicomiso público de la Central Termoeléctrica Punta Catalina están establecidas en el proyecto de ley que regula el patrimonio empresarial del Estado, los fideicomisos públicos y crea el Centro Nacional de Empresas y Fideicomisos Públicos (Cenefip), que peimió en la Cámara de Diputados el pasado doce de enero.
El proyecto, propuesto por el Poder Ejecutivo, fue iniciado en el Senado el diez de junio del 2021 y aprobado por el Pleno en segunda lectura el 28 de septiembre de ese mismo año.
De ahí pasó a la Cámara de Diputados, donde se sancionó en primera lectura el pasado cinco de enero, pendiente de ser discutido por los legisladores, lo que no se produjo debido a que perimió la semana siguiente. Ahora el Poder Ejectuvio someterá un nuevo proyecto para regular la debatida figura jurídica.
En ese sentido, Ángel Lockward, doctor en Derecho Constitucional, dijo que la pieza vencida de plazo es un buen proyecto en sentido general y responde a mayoría de las inquietudes que tiene la ciudadanía y la opinión pública. Por esa razón, dijo que le sorprendió que el presidente de la República anunciara el sometimiento de un nuevo proyecto de fideicomiso para la próxima legislatura, que inicia este 27 febrero.
“Si se sometiera un nuevo anteproyecto de fideicomiso que no incluya las empresas comerciales, luego habría que hacer otra ley, y yo pienso que era suficiente una. Yo noto que a veces dan palos a ciegas en la cuestión legal, y la buena intención del Presidente se confunde en la población sin necesidad”, manifestó Lockward.
La iniciativa que pondera el experto en derecho tiene por objetivo regular las participaciones del Estado, cualquiera que sea su naturaleza, “en empresas comerciales, industriales y de servicios; las dedicadas a la explotación de sectores estratégicos o prioritarios, incluyendo las que tengan por objeto la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento de recursos naturales o bienes públicos”.
Además, la creación del sistema de registro, regulación, supervisión y rendición de cuentas de los encargos fiduciarios, fideicomisos públicos; y “la representación, protección y defensa de los intereses públicos en las empresas y fideicomisos en que el Estado tenga participación patrimonial, cuya administración no sea regulada por leyes especiales”.
También es objetivo de la normativa organizar, conducir, funcionar y gestionar las referidas participaciones del Estado “y la vinculación de las mismas con las normas que regulan la administración pública”. Tiene la finalidad de promover la gestión eficiente de las participaciones del Estado “en empresas o sociedades públicas, en encargos fiduciarios y fideicomisos públicos, mediante un sistema de fiscalización y control adecuado, en un contexto de competitividad y transparencia”.
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, al ser abordado por periodistas de elCaribe la semana pasada sobre el proyecto que reposa en el Congreso aseguró que hay un proyecto de ley que se está trabajando, porque hay una Ley (la Ley 189-11) que trata sobre el fideicomiso (pero) para regular el mercado hipotecario”.
“El fideicomiso es una figura relativamente nueva en la legislación dominicana, entonces, se está trabajando en este momento, hace ya meses, en un proyecto de ley para consolidar lo que es el fideicomiso público que, de hecho, existe en la práctica y está tratado en el reglamento de la Ley”, sostuvo el funcionario.
La próxima legislatura inicia el 27 de febrero y para esa fecha el presidente Abinader anunció que someterá una nueva ley para regular los fideicomisos públicos. Dirigentes políticos y abogados han criticado que el gobierno haya creado fideicomisos públicos sin una ley que lo regule ese mecanismo..
FP critica creación de 20 fideicomisos sin ley
El vocero de Fuerza del Pueblo (FP) en el Senado, Dionis Sánchez, argumentó que el Ejecutivo puede introducir al Congreso Nacional cualquier marco jurídico, pero debe haber uno que regule, “porque si perimió, perimió”. “Sea que introduzcan el mismo o manden otro, tiene que haber un marco jurídico para los fideicomisos públicos, que no lo hay. Esa es la realidad”, enfatizó el senador de Pedernales. Dijo que se ve muy claro que el presidente de la República “está gobernando solo” cuando anunció someterá el nuevo proyecto. Esto, de acuerdo al congresista, fue al darse cuenta que con la Ley 189-11 no era suficiente, ya que la misma no trata con profundidad el fideicomiso público. “El reglamento de esta ley menciona de manera tangencial lo que es un fideicomiso público, por lo tanto, ha sido una improvisación (del Ejecutivo) el haber enviado más de 20 proyectos de fideicomisos público sin que haya marco jurídico.
