A casi un año de la guerra contra la pandemia, los dominicanos lamentan las muertes de 3,007 personas y la pérdida de más de 200 mil empleos formales en el país

Desde que República Dominicana confirmó el primer caso de COVID-19, el primero de marzo de 2020, la contención de la propagación del virus, de las muertes, del desempleo, de la falta de ingresos y la baja productividad, ha sido la estrategia utilizada por las autoridades para sortear la crisis sanitaria más relevante de las últimas décadas.

A casi doce meses de una lucha sin descanso con un enemigo que arrancó la vida a 3,007 dominicanos, provocó 232,780 contagios y mantiene presionado el sistema de salud, ocupando las camas de la red hospitalaria por encima del 28 % y dejando las unidades de cuidados intensivos (UCI) con disponibilidad siempre al límite porque con frecuencia están ocupadas en más de un 42 %.

Ha sido una batalla con pérdidas, pero también con victorias. Los casos recuperados que registra el sistema ascienden a 181,402 y las muestras procesadas a la fecha es de 1,159,480, con un total de 926,701 descartadas, lo que evidencia la profesionalidad del personal médico dominicano y la valentía de la población para enfrentar el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19.

El triunfo más reciente es la llegada de 20 mil dosis de la vacuna Covishield y la inmediata vacunación de 182 trabajadores de la salud que luchan contra el coronavirus en el Hospital de la Fuerza Aérea Dominicana Ramón de Lara.

Justamente, en ese lugar comenzó todo. El 1 de marzo de 2020 fue ingresado en el hospital militar el primer paciente de coronavirus en República Dominicana. El ciudadano italiano Claudio Pascuali, de 62 años, quien habría llegado al país nueve días antes, según datos de la Organización Panamericana de la Salud, estuvo hospitalizado 54 días.

Como resultado de la expansión del agente infeccioso dentro del país, las autoridades se vieron obligadas a tomar medidas para evitar la propagación del virus. Entre el 17 y el 21 de marzo de 2020, la cotidianidad de los ciudadanos dio un giro de 360 grados, al verse sometidos a un confinamiento y distanciamiento social nunca antes vivido en el país.

Se suspendió la docencia en todos los centros escolares y universitarios; la realización de eventos y concentraciones culturales, artísticas, deportivas y proselitistas; toda actividad comercial no esencial y se prohibió la circulación de autobuses y minibuses interurbanos, los autobuses de la OMSA, el metro y el teleférico. Además, se cerraron las fronteras del país por tierra, mar y aire. El uso de mascarillas faciales en espacios públicos y lugares de trabajo se volvió en obligatorio a partir del 16 de abril de 2020.

Desafortunadamente, las medidas no lograron frenar la eficacia de un virus que al cuarto mes había sobrepasado los 39 mil infectados y las 800 muertes y que, por si fuera poco, planteaba nuevos desafíos en el Distrito Nacional y en las provincias Santo Domingo, San Francisco de Macorís y Puerto Plata, donde hubo que realizar intervenciones sanitarias para controlar y mitigar los efectos del contagio comunitario.

La carrera contra la expansión de la enfermedad se corría paralelamente con otra cuyos efectos económicos y sociales no tardarían en llegar. El impacto que la pandemia iba provocando en miles de personas que perdían su trabajo o sus ingresos vislumbraba su contundencia.

El estudio “COVID-19. Bajo la Lupa. Efectos en la pobreza monetaria, la desigualdad y el mercado de trabajo”, que publicó el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en septiembre de 2020, plantea que las medidas de aislamiento, el distanciamiento social, la limitación de la libertad de tránsito y el cierre de las actividades económicas no esenciales impactaron de forma decisiva la situación laboral de miles de dominicanos.

“Durante la crisis provocada por la COVID-19, el número de trabajadores activos en las nóminas reportadas por las empresas empleadoras a la Tesorería de la Seguridad Social muestra una caída neta de 240,361 trabajadores en el período comprendido entre abril y octubre 2020, de los cuales 18,885 se perdieron en el sector público y 221,476 en el privado”, precisa la investigación.

De acuerdo con el estudio, el año pasado no solo aumentó la pobreza monetaria, sino que se produjo un derrumbe de ingresos en la escalera social.

“Aún en septiembre, tres de cada 10 hogares entrevistados por la encuesta de hogares Red Actúa, levantada por SIUBEN, habían reducido las porciones de comida, se habían tenido que saltar comidas en el día o habían pasado días enteros sin comer”, plantea al hacer referencia al sondeo que midió en tres momentos diferentes las repercusiones de la pandemia en los grupos más vulnerables.

No obstante, el estudio producido por la gestión del ministro Miguel Ceara Hatton reconoce que los programas sociales Quédate en Casa y Fase I evitaron que 752,395 dominicanos cayeran en condición de pobreza monetaria durante los peores meses de la pandemia. “De estos, 315 431 personas podrían haber caído en situación de indigencia de no poner en marcha los programas de mitigación”, indica la investigación.

El estudio plantea que el aumento de la pobreza se produjo principalmente en las zonas urbanas, trasponiendo el histórico posicionamiento de lo rural como la zona más pobre del país.
“Esto ha ocurrido, no porque haya mejorado la vida de la población rural, sino porque el aumento de la pobreza urbana ha sido mucho mayor”.

A partir de marzo de 2020, la Junta Monetaria y el Banco Central de la República Dominicana adoptaron una serie de medidas temporales de carácter monetario y financiero dirigidas a mitigar los efectos desfavorables en el aparato productivo nacional y en los ingresos de los hogares derivados de la crisis a causa del COVID-19.

A fines de octubre la disponibilidad aumentó a RD$ 190,000 millones que fueron puestos a disposición de las entidades de intermediación y se canalizaron más de RD$140 000 millones a los hogares y los sectores productivos, especialmente para las microempresas.

Durante la pasada gestión de gobierno, el costo de atención a la pandemia alcanzó una inversión de RD$57,599 millones, conforme a informaciones ofrecidas por el Ministerio de Hacienda.

Desde entonces, el presidente Luis Abinader aumentó el presupuesto de salud a RD$RD$66 mil millones y creó por decreto un Gabinete de Salud que monitorea permanentemente la situación de la COVID-19 en la República Dominicana y se mantiene vigilante ante cualquier eventualidad y que opera bajo la coordinación de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

En concreto, el Gobierno ha dedicado RD$2,600 millones a la compra de medicamentos, insumos y equipos sanitarios para aumentar el procesamiento de pruebas, informó el mandatario.

Además, contrató 208 médicos generales y especialistas, bioanalistas, psicólogos y enfermeras de atención directa para el fortalecimiento de las acciones de los laboratorios y la atención directa de los pacientes en los centros de salud.

Para abastecer el Sistema Público Nacional de Salud y de las Farmacias del Pueblo (Promese-Cal), las autoridades asignaron RD$1,500 millones para las compras de emergencias de equipos de protección, medicamentos e insumos sanitarios para combatir la pandemia, así como RD$300 millones para adquisición de kits de hemodiálisis.

Desde marzo de 2020 hasta enero de 2021, el estado de emergencia, el toque de queda nocturno y las medidas de distanciamiento físico forman parte del día a día de la sociedad dominicana.

Esta semana, el presidente Abinader prorrogó por otros 45 días el estado de emergencia, a partir del próximo 2 de marzo. La medida está contenida en el decreto 95-21 en donde el jefe del Estado argumenta la importancia de hacerle frente a la pandemia del COVID-19 y preservar la salud de la población dominicana.

“En nuestro país, el nivel de contagio se ha logrado contener hasta cierto punto gracias a la adopción sostenida e ininterrumpida de las medidas de distanciamiento social. Si continuamos con esta estrategia y logramos una desescalada gradual y segura del toque de queda y las demás medidas, podremos evitar un repunte de una magnitud tal que sus repercusiones sean aún más fuertes sobre la sociedad y economía dominicanas”, explicó el mandatario en la solicitud de extensión del estado de emergencia enviado al Congreso Nacional.

El pasado miércoles, el Senado de la República aprobó continuar con las restricciones de los horarios y visitas controladas a algunos espacios públicos.

De acuerdo con la Constitución de la República, el estado de emergencia puede declararse cuando ocurran hechos que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social, medioambiental del país o que constituyan calamidad pública.

El Laboratorio Doctor Defilló es donde se procesan las muestras de coronavirus.

Sin decir adiós

Debido al riguroso protocolo sanitario que caracteriza el tratamiento del COVID-19, que incluye el aislamiento total del paciente, empresarios, artistas, deportistas, poetas y políticos han muerto sin poder despedirse de sus familiares y seres queridos. Entre ellos: el veterano merenguero Cheché Abreu; el cantautor Víctor Víctor; la diseñadora Jenny Polanco; el músico Fausto Arias; el cantante Billy Bachata, bajista y vicepresidente de Sgacedom. También el merenguero típico El Ciego de Nagua; el director de televisión Héctor Capellán; el escritor René Rodríguez Soriano; el exsenador de la provincia Sánchez Ramírez por el Partido Revolucionario Dominicano, Pedro Antonio Luna (Papo); el coronel Kalil Haché Malkun y su esposa Elsie Barinas de Haché; el presidente de la Asociación Dominicana de Embotelladores de Agua Purificadas, David Toribio Lantigua y el excandidato a alcalde de La Romana por el Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Morales (El Artístico).

La luz al final del túnel

Antes de que finalice el presente año, el gobierno contempla vacunar a 7.5 millones de personas a través de la ejecución de un plan de vacunación en el que invertirá RD$13,000 millones y que contará con la participación de 7,000 personas, entre ellos médicos, enfermeras y estudiantes residentes de medicina.
El país ha contratado cuatro tipos de vacunas: la Pfizer (7.9 millones de dosis); AstraZeneca (10 millones de dosis); Sinovac BioTech (768,000 dosis) y otras 110 mil dosis de Covishield, elaborada por el Instituto Serum de la India, con transferencia de tecnología de AstraZeneca y la Universidad de Oxford. El plan de vacunación arrancó el martes con el personal sanitario de primea línea.

Desde marzo hasta el 17 de agosto de 2020

• Casos confirmados: 87,123
• Fallecidos: 1,489
• Personas recuperadas: 55,504
• Descartados: 239, 521
• Tasa de letalidad: 1.71 %
• Tasa de positividad: 31.21 %

Acumulado hasta el 18 de febrero de 2021

• Casos confirmados: 232,780
• Fallecidos: 3,007
• Personas recuperadas: 181,402
• Descartados: 926,701
• Tasa de letalidad: 1.29 %
• Tasa de positividad: 14.45 %

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