El Gobierno otorgó tres meses de plazo a todas las empresas y empleadores para regular a sus trabajadores extranjeros conforme la Ley número 285-04 y su reglamento de aplicación No. 631-11.
La decisión fue tomada por el Consejo Nacional de Migración, durante un encuentro encabezado por el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional.
Al ofrecer los detalles del encuentro, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez, dijo que se aprobaron varias acciones para garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales migratorias de las empresas que contraten trabajadores extranjeros e ingreso de extranjeros y extranjeras que puedan constituir una carga irrazonable para las finanzas del país. La resolución aprobada detalla que todas las empresas o empleadores que requieran los servicios laborales de ciudadanos extranjeros deberán contratarlos de conformidad con los parámetros legales establecidos en la normativa migratoria y laboral del país y deberán cumplir con el procedimiento y los requisitos establecidos a tales fines en la Ley No. 285-04, su Reglamento de Aplicación No. 631-11 y las legislaciones y normativas laborales aplicables.
Sanciones
Otra acción aprobada es ejecutar el régimen de sanciones a empresas y empleadores de acuerdo al artículo 132 de la Ley General de Migración, que impone sanciones de 5 a 30 salarios mínimos a quienes contraten o proporcionen trabajo a extranjeros ilegales o no habilitados para trabajar en el país.
Vásquez Martinez anunció que “el Ministerio de Interior y Policía coordinará con el Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección General de Trabajo de este último, la vigilancia y cumplimiento de los artículos 135 al 140 del Código de Trabajo de la República Dominicana, que establecen la proporcionalidad de trabajadores extranjeros contratados por una empresa o empleador”.
El ministro de Interior y Policía dijo que el Estado dominicano tomará todas las medidas necesarias, en cumplimiento de la ley, para evitar el ingreso a la República Dominicana de todo ciudadano o ciudadana de nacionalidad extranjera que implique una carga irrazonable para las finanzas públicas.
Indicó que la disposición incluye mujeres que se encuentren en estado de comprobada gestación igual o posterior a los seis meses.
