El director de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, entregó este martes a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), a fines de que sean investigados, tres expedientes sobre irregularidades encontradas en los procesos de compras de dos instituciones del Estado, donde alegadamente había confabulación entre proveedores y funcionarios.
Se trata del Institución Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), a donde estaba Berlinesa Franco, y del Plan de Asistencia Social de la Presidencia, cuya titular era Iris Guaba, en esta última entidad, explicó Pimentel, desde el pasado año 2019 se identificó una recurrencia sospechosa en los procesos de compras que otorgaba adjudicaciones millonarias a compañías que fungían como intermediarias.
“Presumimos que en esa institución (el Plan Social) durante un tiempo considerable funcionó una estructura de proveedores, de funcionarios de esa institución que a través de las constataciones públicas se agenciaban recursos y beneficios de manera ilícita”, sostuvo Pimentel.
Indicó que estas acciones de traducen en un mayor gasto para la entidad contratante en términos de precios, teniendo como única explicación vínculos o acuerdos ente funcionarios y proveedores del Estado.
Los otros dos expedientes están relacionados al INAIPI, aquí, detalló el funcionario, también había un entramado que buscaba favorecer a proveedores y a funcionarios de manera ilegal.
Uno de los expedientes se refiere a que, en el 2016, esa institución incurrió en violaciones a los procedimientos de la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones, a través de procedimientos de urgencia de los cuales no se tiene ninguna evidencia y que le costaron al Estado unos RD$208.05 millones.
Pimentel explicó que una autoría practicada por la Cámara de Cuentas reveló que estos pagos se hicieron por concepto de equipos computacionales y de comunicaciones, materiales y suministros, aparatos audiovisuales, obras de infraestructura y mobiliarios.
El otro expediente tiene que ver con irregularidades detectadas en un proceso de compras que data de 2018 para el suministro y distribución de la leche del desayuno escolar a los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) y Centros de Atención a la Familia y a la Infancia (CAFI) a nivel nacional.
El funcionario afirmó que INAIPI adjudicó ilegalmente contratos millonarios a compañías relacionados entre sí por montos que superan los RD$60,000,000 con el argumento de que se había sido un proceso transparente en el que las compañías cumplieron con los requerimientos debidos.
“Tienen suficiente documentación, evidencias, para que el Ministerio Público pueda profundizar en las investigaciones”, expresó Pimentel a los periodistas a la salida de la reunión que sostuvo con el titular de la Pepca, Wilson Camacho.
