En la actualidad se hace necesario revisar la legislación penal ambiental para entre otras cosas, considerar la tipificación de delitos que no están establecidos en la norma y también para crear un régimen sancionatorio coherente.
Así lo considera la jueza Wendy Martínez, presidenta de la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, quien indicó que en una futura revisión de esta legislación se debe pensar e introducir, como se ha hecho a nivel internacional, los delitos de ecocidio y de asesinato u homicidio de los activistas medioambientales.
Durante su participación en el “Seminario sobre la Efectividad de la Protección Ambiental a través del Derecho Público”, que realizó el Tribunal Constitucional (TC) en coordinación con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la magistrada fue clara en explicar que el derecho ambiental forma parte de los derechos fundamentales de los ciudadanos y ha tenido trascendencia por ser un bien jurídico protegido.
“Así como considerar otras materias que sean incorporadas con posterioridad a la promulgación de la ley 64-00, como sería el caso del caso climático y la protección del agua potable, como un bien jurídico de carácter constitucional, como lo han reconocido recientemente otras constituciones de Latinoamérica y de Europa”, sostuvo la también jueza sustituta de presidente del referido tribunal.
“A mi juicio lo ideal será hoy en día revisar la legislación ambiental en lo que tiene que ver con los delitos ambientales a fin de crear un régimen sancionatorio coherente, donde se establecen con mayor claridad, respecto al aparejamiento de los ilícitos y las sanciones que estos conllevan atendiendo a la gravedad de la conductas atendiendo a la persona infractora, y atendiendo a las circunstancias particulares que acompañen a las distintas infracciones”, dijo Martínez.
Este seminario internacional fue realizado de forma virtual desde el pasado martes hasta ayer.
