Dictan medidas de coerción contra miembros de una red de estafadores en línea

Dictan medidas de coerción contra miembros de una red de estafadores
Dictan medidas de coerción contra miembros de una red de estafadores

Santo Domingo,  (EFE) – Un juez dispuso este viernes medidas de coerción contra tres personas implicadas en una estructura internacional de estafa en línea que realizó fraudes por más de 100 millones de pesos en el sector financiero y que operaba desde República Dominicana.

El magistrado Juan Francisco Rodríguez Consoró, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso 18 meses de prisión preventiva a Ramón Emilio García Pujols, acusado de obtención ilícita de fondos, estafa, asociación de malhechores y lavado de activos.

Además, dispuso la colocación de un grillete electrónico, el pago de una garantía económica de un millón de pesos e impedimento de salida contra Eneris Lara, así como presentación periódica e impedimento de salida contra Jennifer Mary Asencio Javier.

Según informó este viernes la Procuraduría General de la República (PGR) en un comunicado, estas mujeres fueron las fundadoras de la empresa Preference Media Solution Telemarketing, S.R.L., utilizada como pantalla para la trama fraudulenta.

De acuerdo con la acusación, los tres encartados, junto a Scarlet Angelina Cabral Mejía y Michael Alexander Rodríguez Segura, que permanecen prófugos, contactaban con personas de España y Latinoamérica para convencerlas de hacer inversiones a través de plataformas digitales, con la promesa de beneficios millonarios.

Los estafadores obtuvieron los datos de las víctimas en la internet profunda, conocida en inglés como «deep web».

La Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), junto con el Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) de la Policía Nacional, realizó siete allanamientos simultáneos en los que obtuvo pruebas útiles para la investigación en curso.

Esta organización criminal, que inició sus actividades criminales en 2015, recibió más de 100 millones de pesos que de forma fraudulenta ingresaron al sistema financiero dominicano a través de entidades bancarias radicadas en Estados Unidos, según la acusación.

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