Al reconocer que a través de los servicios de inteligencia se han violado derechos fundamentales de los ciudadanos, el Poder Ejecutivo ha enviado un proyecto de ley al Senado de la República que tiene como fin unificar todos los organismos que se dedican a esta práctica.
Para tales fines, el Poder Ejecutivo ha establecido en ese proyecto de ley la creación de una Dirección Nacional de Investigaciones, para que sustituya lo que ahora es el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), al J2, G2, C5i y otros servicios que ofrecen las Fuerzas Armadas, y rija, en consecuencia, todo lo concerniente al sistema de inteligencia nacional para que regule.
El anuncio fue hecho ayer por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, durante una rueda de prensa celebrada en el Palacio Nacional, en donde explicó que el proyecto fue enviado el pasado lunes a la Cámara Alta.
Inteligencia ha sido dolor de cabeza
El consultor jurídico señaló que con esta acción se procura dotar a la institución de las herramientas que necesita para su importante labor en la lucha contra el crimen y la protección de la seguridad del Estado, a la vez que continúa fortaleciendo el marco institucional y legal de las instituciones públicas.
“Los servicios de inteligencia en la República Dominicana han sido un dolor de cabeza para la sociedad por una serie de incursiones que implican violación a los derechos fundamentales de los ciudadanos. A raíz de esa situación, el Gobierno dominicano, el Poder Ejecutivo, el presidente Abinader, ha promovido una iniciativa legislativa que implica una transformación de lo que es el servicio de inteligencia de la República Dominicana y de manera particular, de lo que hoy se llama el DNI o Departamento Nacional de Investigaciones”, expresó el funcionario.
Ejercerá apegada a la Constitución
Peralta Romero aseguró que conforme al proyecto sometido, la nueva Dirección Nacional de Inteligencia ejercerá sus atribuciones con apego al marco constitucional y legal vigente y pleno respeto de los derechos fundamentales, respetando así las atribuciones de otros órganos del Estado, bajo los principios de eficacia, necesidad, idoneidad, especialización, proporcionalidad y coordinación. Dijo que la pieza legal, que deberá ser estudiada, se ajusta a los requerimientos del artículo 261 de la Constitución de la República, que dispone que el sistema de inteligencia del Estado sea regulado mediante ley.
Nueva dirección sería dependiente del PE
De aprobarse la ley, la Dirección Nacional de Inteligencia será dependiente del presidente de la República y actualizará y adecuará la base legal de ese órgano, además de que regulará, vigilará y controlará la inteligencia nacional. “Este instrumento legal establece una frontera entre el viejo régimen de inteligencia que evoca oscuros recuerdos de violación a derechos y un sistema moderno, legal, institucional y que puede operar con eficacia”, dijo.
