Envían a prisión integrantes de una red de  tráfico de indocumentados

Santo Domingo Este.- La Oficina de Servicios Judiciales de Atención Permanente de Santo Domingo dictó un año de prisión preventiva a 10  integrantes de una presunta estructura criminal de tráfico ilícito.

También fueron impuestas otras medidas coercitivas  a cinco mujeres

Santo Domingo Este.- La Oficina de Servicios Judiciales de Atención Permanente de Santo Domingo dictó un año de prisión preventiva a 10  integrantes de una presunta estructura criminal de tráfico ilícito de personas hacia Estados Unidos y Europa, así como de lavado de activos.

Rafael Senén Rosado Fermín, Christopher Tavares, Estanly Ramón Paulino de Jesús, Richard Alexandro Martínez Alcántara, Pedro Antonio de los Santos Nina, Cristian Alberto Garcés, Francis Rafael Guillén Portes, José Luis Núñez Paulino, José Antonio Duran Canela y Rubén Darío Báez Medina fueron enviados a la Penitenciaría Nacional de La Victoria.

Mientras contra cinco encartadas restantes, Dilia Isabel Rosado Jiménez, Katty Alexandra Urbáez Terrero, Bibiana Méndez, Jennifer Madelin Martínez Cruz y Lucitania Del Carmen Goris Abreus,   fue impuesto el pago de garantía económica por valor de RD$ 100,000.00, a través de una aseguradora, presentación periódica e impedimento de salida del país.

Según el expediente de la Fiscalía, la red tenía como objetivo principal los Estados Unidos de América y  además de proveer visados falsos, contaban con contactos que brindaban albergue a sus clientes en los países utilizados como paso. Además, cobraban entre US$ 1,500.00 y US$ 3,000.00, y dependiendo de la complejidad del viaje, si el cliente había sido deportado, el monto podía aumentar hasta los  US$17,000.00.

Para este caso el procurador fiscal de SDE, Milciades Guzmán Leonardo, instruyó a los magistrados Felbelys Rosario, Hazel Gross y Diógenes Quezada, adscritos al Departamento de Investigación y Persecución de Criminalidad Organizada de esta Fiscalía para que se esmeraran en una gruesa investigación que diera, tal y ocurrió, con la desarticulación de esta organización criminal.

Los fiscales descubrieron que entre los ahora imputados habían propietarios de aerolíneas privadas que organizaban los viajes ilegales y empleados de la Dirección General de Migración y Pasaportes.

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