Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 avanza y retrocede

El Pacto Eléctrico fue firmado el pasado 25 de febrero en el Palacio Nacional .
Sus resultados celebran la reducción de la pobreza y lloran el declive en la credibilidad de los partidos políticos

Cuando solo faltan 9 años para que culmine su período de ejecución, la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END) acumula avances, retrocesos y falta de compromiso para asegurar el logro de muchos de sus propósitos.

El octavo informe anual de la implementación de la estrategia revela que de 99 indicadores, 27 avanzan de manera promisoria o alcanzaron la meta establecida para el 2020; 37 muestran progreso moderado; 4 se encuentran estancados y 13 retrocedieron respecto a la situación en que se encontraban en el año base.

Los principales retrocesos registran la desconfianza que la ciudadanía tiene en los partidos políticos, la percepción de aumento de la corrupción administrativa y la disminución de la efectividad de la acusación en los tribunales de primera instancia.

Desde el año 2010, la confianza en los partidos políticos cayó de 33.1 a 29.40, pese a que el objetivo consensuado era situarla en 38 puntos para el año 2020.

La percepción de que en el país existe corrupción aumentó 20 puntos con respecto a la cifra que le sirvió de punto de partida en el instrumento metodológico. Esa duda creciente de la gente en el manejo transparente de los recursos públicos alejó los resultados que República Dominicana aspiraba alcanzar para el año 2020.

No obstante, los indicadores que corresponden al eje institucional de la END exhiben también buenas noticias. Las tasas de solución de casos del sistema judicial en juzgados de instrucción y cortes de apelación penal lograron la meta establecida para el año 2020, con un valor actualizado de 95 % y 82 %, respectivamente.

Además, la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes logró situarse en 11.8 % luego de que, desde el año 2008, experimentara una disminución consistente que partió de 24.8 %.

Cuando se trata de avances, el más significativo y cualitativo de todos en la END es la lucha contra la pobreza. Así lo atestigua Luis Madera Sued, director general de Desarrollo Económico y Social del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.

Existen 7 indicadores que monitorean la pobreza y la desigualdad, que han cumplido o superado la meta pautada al 2020 a nivel nacional.

Para el año 2019, el porcentaje de población bajo la línea de pobreza extrema nacional fue 2.64 %. Estaba en 11.40 % en el año 2010 y la meta para el 2020 era colocarlo en 6.3 %, lo que evidencia que se hizo un trabajo extraordinario.

Igualmente, notable fue la disminución del número de regiones en donde más del 5 % de su población vivía en la pobreza extrema. En 2010 eran 10 regiones. Ahora, solo una, la que está integrada por las provincias Elías Piña y San Juan.

El porcentaje de población rural bajo la línea de pobreza extrema también cambió positivamente, al pasar de 16.9% en 2010 a solo 3.85 % en el 2019. La meta era situar este valor en 9 % para el año 2020.

En materia de educación se avanzó moderadamente en la tasa de cobertura escolar del nivel básico, ya que pasamos de 96.7 en 2010 a 97.3 y de 55.9 a 77.3 en el nivel secundario, pero manteniendo brechas en la cobertura para el grupo de niños con edades entre 3 y 5 años.

Junto a su equipo de trabajo, Madera Sued inició la revisión de la END, un hito que se lleva a cabo por primera vez, desde que fue promulgada la ley en el año 2012.

Conforme al artículo 20 de la legislación, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y la Oficina Nacional de Estadística, conjuntamente, definirán nuevos indicadores o modificarán los ya utilizados, cuando se amerite, para dar seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.

“La idea no es sólo ver qué se ha cumplido y que no. También queremos determinar cuáles cambios deben incorporarse”, explicó el funcionario durante una entrevista con elCaribe en la que estimó que los resultados de la revisión estarán listos para enero de 2022.

Adelantó que en el ámbito educativo contemplan incorporar indicadores de calidad, dado que la problemática actual del sector educación ya no es la cobertura.

El último informe anual de seguimiento a la END evidencia que el país reculó en el porcentaje de alumnos situados en o por debajo del nivel II de rendimiento en las pruebas del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) de la Unesco de 6to. grado para las asignaturas de lectura, ciencias y matemáticas.

Tan solo el 4.1 % alcanzó niveles satisfactorios en matemáticas, por ejemplo, en las pruebas aplicadas al conjunto de los estudiantes que asisten a centros públicos o privados.

Retraso en los pactos

La zapata de la END es la concertación de tres pactos nacionales. Dos de ellos, el de Educación y el Eléctrico, debían firmarse en un plazo no mayor de un año, después de promulgada la ley. Al tercero, el Pacto Fiscal, se le otorgaba un intervalo de tres años.

En los hechos, el Pacto Nacional para la Reforma Educativa se firmó el primero de abril de 2014. El pasado 25 de febrero fue suscrito el Pacto para la Reforma del Sector Eléctrico y hace unos días, el presidente Luis Abinader reiteró que impulsará el Pacto Fiscal para que se aplique a más tardar el próximo año.

En la medida en que un pacto se retrasa, se produce una demora en el logro de las metas de políticas públicas que están asociadas a ese pacto, explica Madera Sued, tras considerar que cualquier dilación impacta muchísimo los resultados de la estrategia.

Como sociedad, todavía nos falta entender que hay problemas que requieren necesariamente unos compromisos mínimos de todos”.
Magdalena Lizardo
Directora del Grupo de Consultoría Pareto

Pero ¿a qué se debe el retraso en la firma de los compromisos?

Magdalena Lizardo, economista que coordinó todo el proceso de elaboración de la END y ahora directora del Grupo de Consultoría Pareto, lo atribuye a “la dificultad de la sociedad dominicana de arribar a acuerdos cuando hay intereses muy encontrados o resulta difícil llegar a un compromiso de todas las partes”.

Cita de ejemplo el Pacto Educativo, “que tuvo una amplia participación en su discusión, pero muchos de los actores, una vez terminado el pacto, no asumieron en toda su magnitud el compromiso que implicaba el pacto”.

Desde su punto de vista, fue correcta la decisión del presidente Abinader de priorizar en los primeros seis meses de su gestión de gobierno la firma del Pacto Eléctrico.
“Creo que hubo oportunidades para discutir, pero también había la necesidad de avanzar en este pacto. El sector eléctrico es crucial no solamente para la competitividad nacional, sino para las propias finanzas públicas y creo que todos los sectores deben entender esa urgencia”, planteó la economista.

Acerca del Pacto Fiscal, consideró que la sociedad dominicana debe entender que el desarrollo tiene que ser financiado, por lo que, de alguna manera, todos tienen que identificar la forma en que van a aportar a ese financiamiento.
Sin embargo, la pandemia del covid-19 y los estragos que está dejando en la vida de miles de dominicanos constituyen un ingrediente inesperado que ahora debe ser tomado en cuenta.

Para la exdirectora de la Unidad Asesora de Análisis Económico y Social, el gran desafío que plantea la END en estos momentos es “asegurar un proceso de reactivación relativamente sostenible en términos fiscales y que evite que sectores importantes de la población caigan en situación de pobreza rural”.

Uno de los grandes avances en los últimos 10 años es la disminución de la pobreza monetaria”.
Luis Madera Sued
director de Desarrollo económico y Social del MEP

La prioridad ahora

Transcurrida la pandemia, sostiene Lizardo, el proceso de reactivación que debe producirse coloca al país en una disyuntiva en el plano fiscal “porque el déficit ha aumentado considerablemente; necesitamos pensar qué hacer en el mercado laboral y por la misma diversificación que debe tener la estructura productiva dominicana para retomar la agenda de desarrollo del país”.

Al respecto, Madera Sued sostiene que “evidentemente, la pandemia retrasa mucho la ejecución del Pacto por la Reforma Fiscal, pero enfatiza que “el Estado tiene la responsabilidad de cumplir con eso”.

Recuerda que la suscripción del acuerdo tiene atado los recursos para implementar muchas de las políticas que están asociadas a la fiscalidad, aunque dentro de la actual gestión de gobierno se tiene plena conciencia de que también hay que mejorar el gasto público.

Al hablar sobre el vínculo que unirá al gobierno del presidente Abinader con la END, el funcionario reveló que incluye los temas del empleo, formación técnica, vivienda, seguridad ciudadana, sostenibilidad ambiental y salud preventiva a find de reducir el gasto en el sistema de salud dominicano.

Madera Sued asegura que el 79 % de las iniciativas del plan de gobierno que llevó a Abinader a la presidencia de la República coinciden con las líneas de acción del instrumento metodológico también denominado “Un viaje de Transformación hacia un País Mejor”.

Sostuvo que el tema laboral constituye una prioridad para la actual gestión de gobierno y es la razón fundamental de dónde surge la propuesta de crear 600 mil empleos formales que se llevará a cabo desde este mismo año.

“En la medida en que las personas consiguen empleo, salen de la pobreza y generan bienestar económico. Ese empleo les permite entrar a la seguridad social, por tanto tener salud”. aseguró.

Desde su óptica, hay razones para estar esperanzado respecto al futuro de la República Dominicana.
“La demanda laboral se generará desde 6 sectores que trabajan con mano de obra intensiva: industria, agricultura, minería, comercio, construcción y turismo y dentro de ellos, las mipymes”, comentó, convencido de que los planes acabarán en logros concretos.

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