Santo Domingo – El liderazgo nacional de la comunidad evangélica remitió una carta pública al Presidente de la República, Luis Abinader, en la que declara que no debe ser aprobado el Código Penal.
Esto, por considerar que pondría en peligro a la familia dominicana y amenazaría la democracia.
En el documento se le solicita al mandatario que, en caso de que el Código Penal sea aprobado como está, debe objetarlo.
Debido a que, «en primer lugar, contiene fallas en el proceso que violan lo establecido en la Constitución».
«En segundo lugar, el mismo intenta imponer la ideología de género, la cual es muy perjudicial para la familia y amenaza el futuro de la nación», expresaron en un comunicado.
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Los firmantes destacan que como representantes de la iglesia en el país, no son partidarios de que se discrimine a ninguna persona.
Indican que agradecen el hecho de que el país cuenta con una Constitución que garantiza que ningún dominicano sea discriminado por ninguna razón o condición social o personal (Art. 39).
Sin embargo, destacan que se ha evidenciado una insistencia en introducir en el Código la llamada “orientación sexual” como nueva categoría de discriminación.
Afirman que el rechazo a la introducción de tal concepto se sostiene primeramente en el hecho de que la categoría de “orientación sexual” carece de todo sustento racional.
La comunicación enviada al Presidente, la cual se entregó a los medios en una rueda de prensa, destaca claramente en uno de los párrafos el siguiente texto:
“La evidencia demuestra que este tipo de legislación, en lugar de proteger a personas vulnerables, lo que hace es otorgar privilegios a determinados colectivos. Violando los derechos y libertades fundamentales de la mayoría de los ciudadanos».
Advierten que con este tipo de leyes son violentados los derechos de padres y madres que se oponen al adoctrinamiento de sus hijos.
Y que también se restringen las libertades a comunicadores, maestros, médicos y profesionales de todo tipo.
Además, suscitan la violación de la libertad de empresa. Esto porque surgen y se multiplican las demandas legales contra artistas, emprendedores, empresas e instituciones que intenten manejar sus operaciones respetando sus propios principios.
“Esto se convertiría en una violación a la libertad de conciencia”, puntualizaron.
