Feminicidio y violación de niñas y adolescentes ante la indiferencia de la sociedad y del Estado

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El 15 % de los asesinatos provocados por la violencia machista en 2018 y 2019 fueron perpetrados contra menores de edad

Santo Domingo todavía festejaba el año nuevo de 2019 cuando parientes de Jessica Michel Medina, de 16 años, encontraron su cadáver en su casa. La adolescente convivía con Franklin Pineda, un hombre 34 años mayor que ella, en La Cancela, una zona empobrecida Santo Domingo Este. Los medios de comunicación identificaron a Pineda, presunto feminicida y violador, como su “pareja”, quien huyó al saber que era buscado.

El feminicidio de Jessica no es un caso aislado. El 15% de las víctimas sobre los 202 feminicidios ocurridos en República Dominicana entre 2018 y 2019 fueron niñas y adolescentes, de acuerdo con una base de datos elaborada por Espacinsular en alianza editorial con CONNECTAS y con el apoyo del Internacional Center For Journalists (ICFJ).

De los 31 feminicidios perpetrados contra menores de 18 años entre 2018 y 2019, 15 fueron cometidos por hombres adultos identificados por los medios y la comunidad como “parejas” y “exparejas” de las víctimas. Once feminicidios fueron perpetrados contra niñas menores de 13 años. Entre los feminicidas hay padres, padrastros, otros familiares, vecinos, conocidos y desconocidos, que con frecuencia las asesinaron después del feminicidio de sus madres o de cometer violaciones sexuales en su contra, según el levantamiento realizado por Espacinsular
Estos datos reflejan la vulnerabilidad de las niñas y adolescentes a la violencia machista, pero sobre todo expresa la tolerancia a las uniones tempranas y al matrimonio infantil en toda la sociedad, particularmente entre los hombres. Con frecuencia se argumenta que las niñas y adolescentes pueden seducir o incitar a los adultos, lo que se refleja en frases como “ella lo provocó” o “ya es una mujer” para referirse a menores de edad que pueden haber tenido relaciones sexuales con adultos. En esos casos, la comunidad no siente responsabilidad de protegerlas frente al abuso, como sí ocurre con las niñas y adolescentes que se presume que no han tenido relaciones sexuales.

En la Encuesta Nacional de Hogares se explica que el 52 % de las niñas y adolescentes unidas antes de los 18 años destaca como elemento negativo de este tipo de unión el hecho haber abandonado sus estudios, lo que limita sus posibilidades de acceder al trabajo. El 26.7 % dice ser insultada constantemente, y el 14 % experimentar violencia física como golpes, lesiones y empujones.

Una investigación cualitativa realizada en las provincias sureñas de Azua, Elías Piña y San Juan, por Natanael Disla para Plan Internacional en República Dominicana destaca que el 45 % de los hombres entrevistados que estaban casados o unidos, lo hizo con una menor de edad. En las zonas rurales ese porcentaje llega al 60 %. Sin embargo, el 85 % de todos los hombres entrevistados considera que es incorrecto que una menor de edad se case, ya que las niñas y adolescentes deben estudiar y jugar.

Violación con consentimiento social y legal

El presunto asesino de Jessica también fue su abusador sexual y, según el Código del Menor, debió ser detenido desde la primera vez que intentó sostener una relación con la adolescente.

El Código establece en su artículo 396 que se considera abuso “la práctica sexual con un niño, niña o adolescente por un adulto o persona cinco años mayor para su propia gratificación sexual sin consideración del desarrollo sicosexual del niño, niña o adolescente, y que puede ocurrir aún sin contacto físico”. El castigo es de dos a cinco años de prisión.

Sin embargo, el Código es letra muerta en un país donde el 36 % de las mujeres jóvenes se casa o une antes de cumplir 18 años, casi siempre con hombres mayores que ellas, según datos de la Unicef.

La mayoría de las uniones no pasan por el juzgado, pero el marco jurídico valida estas relaciones que dan pie al abuso de niñas y mujeres adolescentes. Plan Internacional en República Dominicana registró 1498 niñas y adolescentes que fueron casadas legalmente entre 2010 y 2017. Sus esposos legales tenían entre 17 y 66 años.

El Código Civil establece que “el hombre, antes de los dieciocho años cumplidos, y la mujer antes de cumplir los quince años, no pueden contraer matrimonio”, pero ese artículo tiene una modificación en la que se consigna que “el hombre antes de los dieciséis años cumplidos y la mujer antes de cumplir los quince, no pueden contraer matrimonio; pero el juez de Primera Instancia puede, por razones atendibles, conceder la dispensa de edad”.

Lejos de Santo Domingo, en un batey del Suroeste dominicano, vive Julia (su nombre real fue protegido), una adolescente de 16 años. Desde los 13 años es “pareja” de un hombre que la violó. Para “salvar la honra” de las familias, las madres del violador y de la víctima acordaron que se unieran como pareja. Al momento de ocurrir la violación, el hombre tenía 19 años, o sea, era seis años mayor que la niña.

La violación se castiga en República Dominicana “con la pena de reclusión de 10 a 20 años y multa de 100.000 a 200.000 pesos cuando sea cometida contra un niño, niña o adolescente”.

Pero en vez de una condena, el violador de Julia obtuvo licencia para abusar sexual, sicológica y físicamente de la joven que ya tiene un hijo. “Él me da golpes, pero no es todos los días”, dice la joven mientras cuenta su historia de abusos, con la resignación de quien no tiene cómo escapar de las golpizas. Denunciar la violencia no está en su imaginario, pero todavía conserva un sueño: terminar el bachillerato y conseguir un buen trabajo que la libere de la pobreza en la que ha vivido por generaciones entre callejones y cañaverales.

Su caso es escandalosamente común para un país que, como República Dominicana, se considera de ingreso medio y, sin embargo, tiene una tasa de embarazo en adolescentes 34% mayor que el promedio de América Latina, solo superado por naciones tan empobrecidas como Nicaragua y Honduras, según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

En el país caribeño, una de cada cinco adolescentes de entre 15 y 19 años ha estado embarazada. En el Sur, donde vive Julia, este porcentaje llega hasta el 22.3% y en la zona rural alcanza el 23%, según la Encuesta Nacional de Hogares 2018. Como ocurre con el 67 % de embarazos en las adolescentes, el de Julia no fue planificado. Los datos de la encuesta reflejan que a las jóvenes les hubiera gustado tener hijos más adelante.

El matrimonio las condena a una maternidad precoz y casi siempre desde la pobreza. La vida de Rosa, quien ahora tiene 22 años, es un vivo ejemplo de ello. “Si no me hubiera casado, habría terminado mi escuela, habría estado en la universidad”, concluye la joven, residente en uno de los distritos municipales de Tamayo, ubicado también en el Suroeste dominicano.

A los 12 años se unió con un hombre que le doblaba la edad, porque “pensaba como que lo amaba”, cuenta con ingenuidad. Dice que el hombre la maltrataba, así que se separó, después de haber tenido dos abortos involuntarios, a los 15 años. En su caso, deseaba tener un hijo. Ahora cursa el primero de bachillerato, a una edad en la que muchos dominicanos ya han terminado la licenciatura.

Su distrito municipal es apenas una hilera de casas a la orilla de la carretera y pocas calles adicionales. Aquí las personas viven principalmente del cultivo de plátanos y las remesas de quienes emigraron a Europa o Estados Unidos para darle mejor porvenir, pero terminaron por condenarles a una infancia de hogares rotos y padres ausentes, mitigada, en parte, por la fortaleza de las familias extendidas.

En el otro extremo del país, Iluminada Pierret, adolescente de 16 años, residente en el batey Ramón Santana de San Pedro de Macorís, fue asesinada a palos por su pareja, que la Policía identificó como “Carlitos el Barbero”. De acuerdo con el reporte policial, el hombre alega que mató a la adolescente porque le pareció “sospechoso” que saliera al patio a conversar por su celular el 25 de enero de 2018.

En el Congreso se discute la posibilidad de eliminar el matrimonio infantil.

La indiferencia del Estado

Mientras tanto en el Congreso se discute la posibilidad de eliminar el matrimonio infantil. El primer debate durante esta legislatura se dio en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, integrada por 14 hombres y apenas una mujer.

La Comisión discutió una iniciativa del diputado por el Distrito Nacional, de Alianza País, José Horacio Rodríguez en la que se propone que solo puedan casarse hombres y mujeres a partir de los 18 años, sin excepciones. Por el momento, no hay acuerdo. Este mes se harán vistas públicas para debatir el tema, informó Rodríguez.

La Oficina Técnica de Revisión Legislativa emitió el 19 de octubre una opinión desfavorable al proyecto que busca eliminar el matrimonio de personas menores de edad con el argumento de que entraría en contradicción con la Constitución, que establece: “Todos los dominicanos y dominicanas que hayan cumplido 18 años de edad y quienes estén o hayan estado casados, aunque no hayan cumplido esa edad, gozan de ciudadanía”.

En el documento se explica que “prohibir el matrimonio a las personas que no alcancen la mayoría de edad, al margen de entrar en contradicción con una previsión constitucional, no resolvería la problemática que anima al proponente a buscarle solución por la vía legislativa, ya que el matrimonio en que está involucrado un (a) menor, es un acto rodeado de solemnidad, donde intervienen los padres o tutores legales, un tribunal que homologa la decisión y un oficial del estado civil que dota de legalidad al acto”.

Pero el análisis del Consejo Latinoamericano de Estudiosos de Derecho Internacional y Comparado descarta ese argumento y se establece que no hay una limitación constitucional para eliminar el matrimonio infantil.

Desde 2017, cuando se discutió y aprobó la primera iniciativa de eliminación del matrimonio infantil en la Cámara de Diputados, pero no se conoció en la Cámara de Senadores, y por tanto perimió, hay un duro debate entre quienes entienden que la edad mínima debe ser de 18 años y aquellos que piensan que debe haber excepciones que permitan a adolescentes contraer matrimonio en ciertos casos, como cuando hay un embarazo o cuando la diferencia de edad no sea más de cinco años.

Según el acta número 35 del 16 de julio de 2019, el entonces diputado Wandy Modesto Batista Gómez, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), argumentó que en República Dominicana no existe el matrimonio infantil, pues las menores de 13 años no pueden casarse, que esa idea es una mentira de organismos internacionales como UNICEF, y que debe haber excepciones para permitir a las adolescentes contraer nupcias a los 16 años en determinadas circunstancias, siempre que el hombre no le lleve más de cinco años, los padres den su consentimiento y este sea refrentado por un juez.

Su colega, Graciela Fermín Nuesí, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), por Puerto Plata, secundó la posición de Batista Gómez.

En ese momento, se pronunciaron a favor de la eliminación del matrimonio infantil, Faride Raful y Rafael Arias, del PRM; y Magda Rodríguez, Cleo Sánchez y Lucía Medina, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

El pasado 27 de agosto el Tribunal Constitucional pospuso para dentro de cuatro meses el conocimiento de una acción interpuesta por la Misión Internacional de Justicia que busca declarar inconstitucional el matrimonio infantil.

En su investigación sobre masculinidades, Disla concluye que en las comunidades: “Se toleran los cortejos de hombres mayores de edad con chicas menores de edad. Y a esto se une el miedo colectivo a denunciar (el abuso de menores), por temor a represalias. A ello se añade la necesidad de proteger la reputación de la familia y de la chica, el deseo de las mismas chicas y sus familias de tener seguridad financiera y agenciarse un contexto vital más halagüeño”.

Los cadáveres de niñas y adolescentes cada año prueban que ese futuro puede convertirse en un túnel sin salida que conduce a su destrucción. Los golpes que recibe Julia o tragedias como la que sufrió Jessica requieren una solución urgente que, en parte, está en manos del Congreso dominicano.
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Este reportaje fue realizado por Riamny Méndez Féliz con aportes de Claudia Fabián para Espacio de Comunicación Insular, en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.

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