La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), se pronunció el día de hoy respecto al caso Falcón, una supuesta red de narcotráfico y lavado de activos.
El vicepresidente Ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños, expresó que la operación Falcón representa una nueva prueba para el sistema político democrático de la República Dominicana.
Sostuvo además, que esta muestra las graves falencias de nuestro ordenamiento jurídico e institucional y nos indica cuán profundas son las debilidades que persisten en el país.
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“La sociedad dominicana ha perdido el sentido del asombro ante cada hecho de este tipo. Porque en todos los sectores existe el convencimiento de que la penetración del crimen organizado en los estamentos del poder es muy superior a lo percibido”, expresaron a través de un comunicado.
La fundación sostiene que hemos pasado de la indignación social ante cada escándalo, a la curiosidad por conocer la nueva lista de los implicados en los amplios negocios que manejaban bajo el manto de la tolerancia y la indiferencia de las autoridades.
Para FINJUS la operación Falcón ratifica que el Estado dominicano, en sus principales instituciones, necesita una reingeniería moral y legal profunda.
“Esta debe iniciar con el fortalecimiento de las bases del sistema de consecuencias contra quienes defraudan la confianza de las comunidades ante las cuales se comprometieron a cumplir y hacer cumplir las leyes”.
Consideran que “una magnífica oportunidad en ese camino es la revisión del Código Penal para que incluya la responsabilidad penal de los partidos y agrupaciones políticas como personas jurídicas”.
En hora de que los partidos políticos rindan cuentan a la sociedad sobre su compromiso de escoger las personas adecuadas para ser candidatos a puestos de elección y dirección del Estado bajo el juramento de comprometerse con la erradicación de la corrupción, el tráfico de influencias y el imperio de la ley en el país.
“La lección más importante que esta Operación Falcón nos deja es que no deben dilatarse las iniciativas que conduzcan a reducir y limitar la presencia de los recursos del crimen organizado o sus representantes en la política dominicana y las instituciones democráticas”, concluye el comunicado.
