La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), encabezados por su presidente Trajano Vidal Potentini
La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), encabezados por su presidente Trajano Vidal Potentini

FJT plantea pena de prisión perpetua para violación sexual de menores, sicariato y atracos en bancos y plazas comerciales

Santo Domingo, Rep. Dom.-La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), reaccionó alarmada por el auge y crecimiento sostenido de la delincuencia en las principales ciudades del país, con la agravante, de la ocurrencia de delitos que constituyen un reto, provocación y desafío para las autoridades; tales como asalto a bancos, atracos en plazas comerciales, calles y colmadones, robo de celulares, asesinato de militares y policías para robarle el arma de reglamento, trata de personas, feminicidios, sicariato y violación sexual a menores y mujeres.

El presidente de Justicia y Trasparencia, Trajano Potentini, ante el aterrador panorama que se está viviendo con los niveles de inseguridad ciudadana, reclamo del ejecutivo el extender y replicar en todo el país el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, por entender y así lo atestiguan las estadísticas, que se trata de una de las mayores conquista que a nivel de políticas públicas pueda exhibir gobierno alguno, hoy día la relativa efectividad de la policía nacional en la persecución del crimen es gracias al apoyo logístico e insumos de datos y videos provenientes de la vigilancia del 911.

Asimismo, la entidad cívica destacó la trascendencia y alcance preventivo, que supondría para los dominicanos, el llevar el 911 a todas las comunidades, además de la oportuna asistencia que representa para la salud, salvando vidas y prestando auxilio a los ciudadanos de a pie.

Presentan propuesta de programa integral de seguridad ciudadana

Potentini explicó que la convivencia pacífica y armónica solo es posible si se procura la interacción y trabajo conjunto de las diferentes entidades responsables de la seguridad ciudadana de cada localidad, abordando de manera particular las diferentes problemáticas locales de seguridad y la forma en la que se gestiona la respuesta institucional, haciéndola formar parte de un Programa Integral de Seguridad.

De ahí que la FJT presenta de manera formal el Programa Integral de Seguridad ciudadana, el cual toma como fundamento las causas que originan el fenómeno delincuencial, las cuales se encuentran en una serie de factores sociales y económicos, a saber: desempleo, desigualdad, falta de oportunidades y pobreza, deficiente educación, consumo y tráfico de drogas, complicidad e impunidad, corrupción y una justicia venal.

La FJT dentro del referido plan también propone la implementación de acciones alternas al problema seguridad pública; tales como la generación de empleos, prácticas deportivas y recreativas, actividades de prevención de drogas, la persecución efectiva y castigo ejemplar a los delincuentes, en fin, políticas sociales tendentes a disminuir la brecha entre pobres, ricos y muy ricos.

En suma, el esquema propuesto operaria como un “conjunto inter-relacionado de seguridad ciudadana que coordinaría organismos del sector público junto a entidades de la sociedad civil, en el ámbito municipal, provincial y regional, buscando además el conjugar eficientemente la acción del Estado y promover la participación ciudadana para garantizar la paz pública, planteando como medidas urgentes las siguientes:

1.- Establecer un régimen de control y seguimiento de la actividad del moto-concho y motoristas, identificándolos de manera rigurosa con un chaleco y casco protector numerado en grande, incluyendo al acompañante.

2.- Replicar y extender el 911 a toda la geografía nacional.

3.- La importación masiva e instalación de cámaras de seguridad en las vías y lugares públicos a cargo del gobierno, así como la exoneración de todos los impuestos a los equipos de vigilancia y la obligatoriedad de su instalación en los centros comerciales y negocios.

4.- Una reforma administrativa en la Policía Nacional, haciendo especial énfasis en el seguimiento y depuración de sus miembros; además de planificar y ejecutar de forma sostenible un patrullaje permanente y estratégico en las áreas de mayor riesgo. Asimismo, recuperar la matrícula de policías que hoy prestan servicios a particulares y funcionarios.

5.- La ejecución de un operativo masivo de electrificación, alumbrado e iluminación, además de la limpieza y el ornato de aquellas áreas y zonas previamente identificadas como vulnerables.

6.- Diseño y celebración de campañas nacionales permanentes sobre la necesidad de combatir y prevenir la delincuencia, haciendo especial y particular énfasis en la orientación y conocimiento sobre medidas preventivas contra la delincuencia, así como la identificación y solución a posibles situaciones de peligro y vulnerabilidad.

7.- Establecer mediante disposición legal (ley o decreto), la obligatoriedad de incluir en los medios de comunicación nacionales, un mínimo de publicidad relativa a al combate y prevención contra la criminalidad y con ello sensibilizar e integrar a la sociedad.

8.- Mejorar la eficiencia de la aplicación del Código Procesal Penal, disponiendo de las partidas presupuestaria necesarias que garanticen su eficacia, también el fortalecimiento del poder judicial, incluyendo al ministerio público, con la creación de una ley de prevaricación judicial que destierre la complicidad entre delincuentes y autoridades.

9.- Ejecución un plan de vigilancia y control migratorio permanente en la frontera dominico haitiana, así como el aplicar las leyes migratorias en vigor.

10.- Procurar vía la Procuraduría General de la República del monitoreo y seguimiento de las actividades e inserción de los deportados, sobre todo de aquellos que han cumplido condenas en el exterior por delitos graves.

11.- Poner también a cargo de la Procuraduría General de la República, en su rol de órgano constitucional rector de la política criminal del Estado, el establecimiento de un sistema de protección integral para la mujer y la infancia, incluyendo un seguimiento y tratamiento especializado para los crímenes de violación sexual a menores.

12.- Ampliar la prevención y persecución en contra del consumo y tráfico de drogas con acciones estratégicas y alternativas a la problemática, combatiendo también la presencia de la denominada burundanga, utilizada para la comisión de varios delitos.

13.- También en calidad de acciones a considerar estarían el endurecimiento de las penas, incluso de prisión perpetua para la violación sexual de menores, el sicariato y el atraco a mano armada en bancos y plazas comerciales, asimismo diagnosticar y plantearse los correctivos para las muertes por discusiones irracionales, por parqueos y en accidentes de tránsito.

En la rueda de prensa estuvieron presente los principales directivos de la FJT, Trajano Potentini, Smerly Rodríguez, David la Hoz y Sarah Adames, quienes informaron que socializaran la propuesta con las diferentes autoridades con responsabilidades en materia de seguridad ciudadana, solicitándole en una especie de plan piloto la implementación de las acciones contenidas en el programa, con el objeto de que puedan convertirse en política de Estado destinada a combatir la delincuencia.

 

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