La Junta Central Electoral (JCE) afirmó ayer que la decisión del Pleno de emitir la resolución 13-2020 que cambió el orden de los partidos en las boletas electorales fue tomada por una cuestión de “orden público” y porque el Tribunal Superior Administrativo (TSA) le había suspendido la anterior, que era la 34-2019.

La JCE salió al frente para responder a la denuncia formulada por el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo (FP) quien, junto a sus partidos aliados, advirtió el pasado viernes que la resolución 13-2020 plantea una crisis a la democracia y que la misma fue orquestada para dañar su propuesta electoral.

Dentro de los argumentos que utilizó la Junta ayer está que “el desacato nunca es una opción”, esto al referir que el presidente del TSA dictó una sentencia con motivo de una demanda de adopción de medida cautelar, el 17 de enero de 2020, que suspendió en sus efectos la resolución 34-2019 de la JCE, del 10 de diciembre del 2019, que establecía un orden en la boleta basado en que la precedencia del número de dicho orden lo determina la sumatoria de los votos válidos emitidos en todos los niveles de elección: presidencial, congresional y municipal.

Dice no compartían argumentos TSA

El órgano comicial argumentó que aunque no compartían las afirmaciones de la sentencia del TSA, optó por aplicar para las elecciones municipales del 16 de febrero de 2020, el criterio de ordenar los partidos en la boleta por la sumatoria de los votos válidos emitidos en el nivel presidencial, que es el mismo que se había venido aplicando “inveteradamente” hasta el pasado 10 de diciembre de 2019.

“El Presidente del TSA argumentó en sus motivaciones de fondo contenidas en la mencionada sentencia, sin que necesariamente la JCE comparta estas afirmaciones, que la suspendida Resolución de la junta ponía en riesgo unos supuestos derechos adquiridos por el impetrante, la seguridad jurídica y de que también, según el tribunal, comprometía el sentido de la predictibilidad judicial del núcleo de la contestación”, dijo la JCE.

El TSA decidió que la resolución de la JCE, la 34-2019, quedaba suspendida sine die (sin fecha) hasta tanto dure el proceso contencioso administrativo, razón por la que, según la Junta, tuvo que cambiar el orden de los partidos, ya que además tenía un caso de extrema urgencia para la impresión de 3,534,202 boletas, en adición de las 1,169,900 boletas educativas y por la cercanía de las próximas elecciones municipales, “de aplicar (sin compartirlo) el criterio ya determinado por el anterior Pleno de la Junta Central Electoral, el 8 de mayo de 2016” que era tomando en cuenta los votos obtenidos por los partidos en el nivel presidencial.

Afirma busca la transparencia

En su comunicado, la JCE sostuvo ayer que dicho organismo es árbitro, pero también administrador, y como tal, está sujeta en su desempeño y accionar al cumplimiento de la Constitución, las Leyes y a las decisiones de los tribunales competentes.

Al mismo tiempo reiteró a la sociedad dominicana, “que el único compromiso de la actual Junta Central Electoral es la celebración de unas elecciones libres, justas y transparentes”.

Con la decisión del cambio de orden, inicialmente se veía afectado el Partido Reformista Social Cristiano, quien fue movido de la casilla 3 a la 4 otorgándole su lugar al Partido Revolucionario Dominicano. Sin embargo, con la modificación del orden fueron removidos en total 20 partidos.

Denuncia de Leonel Fernández y aliados

El pasado viernes, Leonel Fernández, en su calidad de presidente de la FP dijo que la resolución 13-2020 será denunciada y rechazada, por esa organización y sus aliados porque constituye una inequidad que viola las leyes y la Constitución y porque atenta con el derecho de los ciudadanos a la libre elección. Fernández aseguró que se trata de un hecho grave, que amerita una investigación profunda sobre los motivos que la originaron, porque fue más allá de lo decidido por el Tribunal Superior Administrativo (TSA), que en atención a una demanda de amparo del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), se limitaba a suspender la resolución 34-2019, que ratificaba el orden en la boleta electoral. El expresidente señaló que si se observa el comportamiento de la Junta Central Electoral, desde antes de la celebración de las primarias, se descubrirá que todos sus actos están orientados a favorecer al poder gobernante (al PLD), lo que la descalifica como árbitro de unas elecciones que deben ser libres y transparentes. Apuntó que el órgano comicial ha venido agregando incumplimientos de sus resoluciones, como la que disponía una auditoría técnica previa al voto automatizado a las primarias y otra auditoría forense posterior a ese certamen.

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