Santiago. La jueza Iris Borges de la Oficina de Atención Permanente recesó por tercer día el conocimiento de la medida de coerción contra 23 imputados en la red de lavado y narcotráfico en la operación Falcón.
Al concluir la presentación de la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público reafirmó la contundencia de las pruebas aportadas al tribunal y pidió la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra todos los imputados, para evitar que evadan la persecución penal en un expediente que tiene varios prófugos.
Luego agotaron turnos seis abogados que representan a una parte de los implicados. El rol de audiencia continúa este jueves a las 9:30 de la mañana con la exposición de los demás abogados.
La fiscal Surelys Jáquez se refirió a la supuesta implicación de agentes de la Dirección Nacional de Drogas con vinculados a la red y aseguró que esto surgió a raíz de interceptar una llamada al extraditable Juan José de la Cruz Morales. Sin embargo, dijo que esto no ocurrió en el año 2018 y el 2019.
Asegura que sin la intervención de los agentes de la DNCD, no hubiese sido posible el caso, debido a que el decomiso de drogas que se hizo, tanto en República dominicana como en Puerto Rico, fue gracias al organismo antinarcóticos. Indicó que es el primer caso en el que se interceptan mensajes mediante bi bi pin.
A la salida el fiscal Andrés Mena, uno de los representantes del MP, dijo que cuentan una vez más con la fortaleza robusta del legajo de pruebas y demuestra que con este operativo, se ha dado un duro golpe al narcotráfico nacional e internacional.
En el grupo figura Juan Maldonado Castro, el exdirector de Comunidad Digna y dirigente del Partido Revolucionario Moderno.
Una fuente dijo que Maldonado siempre se coloca en la primera fila ante la jueza Iris Borges, de la Oficina de Atención Permanente y se mantiene sereno, debido a que supuestamente tiene como demostrar los bienes que posee.
