Negociación sería preferible a litigio en tribunales internacionales

En principio, el conflicto del vertedero de Duquesa era con el Ayuntamiento Santo Domingo Norte.
5RD tiene tres demandas de empresas extranjeras en La Haya, Países Bajos y Washington, D.C., Estados Unidos

De todas las salidas posibles que el gobierno pudiera ponderar para solucionar el caso del peaje sombra de la Autopista del Nordeste, un acuerdo negociado parece ser la vía más idónea para República Dominicana, si se toma en cuenta que el país enfrenta tres demandas en tribunales internacionales por un monto ascendente a US$608.6 millones.

El más costoso de los reclamos es el presentado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por Michael Lee-Chin, representante de Lajún Corporation, S. R. L. por expropiación forzosa y aplicación de medidas injustas, discriminatorias y arbitrarias, durante la administración y operación del vertedero Duquesa.

El demandante, de origen jamaiquino, reclama el pago de una indemnización de US$583.6 millones y US$5 millones por concepto de daños morales, así como la liquidación de los gastos legales y honorarios.

El conflicto tiene su origen en el año 2007, cuando el municipio de Santo Domingo Norte otorgó el acuerdo de concesión por 10 años del vertedero Duquesa a Lajún Corporación a través de la que Lee-Chin adquirió 875,000 metros cuadrados de terreno para administrar el vertedero, hacer instalaciones de reciclaje y poner a operar una planta de conversión de residuos en energía.

En la autoridad de arbitraje del CIADI también se encuentra el caso de EnviroGold, subsidiaria de la minera australiana Antilles Gold, que firmó un contrato con el Estado dominicano concediéndole el derecho de procesar los residuos producidos por la empresa Rosario Dominicana sobre la mina Pueblo Viejo, con un acuerdo de participación en las ganancias que contemplaba el pago de una regalía del 3.2% al Gobierno dominicano.

La demanda, por un monto de US$20 millones, fue presentada el 2 de abril de 2020 invocando el contrato firmado entre las partes.

La minera explica que: “además del problema de recuperaciones de oro menores a las esperadas, el proyecto Las Lagunas tuvo que lidiar con el incumplimiento del gobierno de la República Dominicana de su obligación contractual de proporcionar un sitio para que EnviroGold construyera una presa para depositar los desechos reprocesados”.

Los residuos, aunque contienen oro y plata, son muy contaminantes, por lo que constituyen un riesgo para las aguas de las comunidades cercanas.

Debido a esta situación, EnviroGold alega que tuvo que volver a depositar los desechos detrás de muros de contención de roca construidos dentro de los límites de la presa de la que se recuperaron originalmente, lo que produjo costos operativos adicionales.

Planta Las Lagunas Albion, de la empresa australiana EnviroGold.

Corte Permanente de Arbitraje

Ante la Corte Permanente de Arbitraje, con sede en La Haya, Países Bajos, el inversionista español Joaquín Francisco Montero y la Azucarera del Guadalfeo S.A. demandaron a la República Dominicana por incumplimiento de un contrato suscrito con el Consejo Estatal del Azúcar.

El demandante sostiene que después de haber arrendado al CEA el ingenio azucarero Porvenir, el ente estatal del azúcar echó a perder su negocio al apropiarse de las instalaciones.

Además, sostiene que de las 6,000 hectáreas arrendadas que estaban incluidas en la transacción, casi una tercera parte no eran aptas para la producción de caña por estar urbanizadas o arrendadas a otros.

El procedimiento arbitral inició en el año 2019 y es dirigido por los árbitros: José Miguel Júdice, Antonio Hierro y Loretta Malintoppi.
A juicio del economista e historiador, Bernardo Vega, si uno se remonta a los años 1800 puede comprobar que, en múltiples ocasiones, el país ha negociado mal.

Cita como ejemplo el contrato que el gobierno de Buenaventura Báez firmó con la casa Harmont y CIA, de Londres, por la suma de 420 mil libras esterlinas prestadas en un plazo de 25 años. Como el contrato establecía que por concepto de “comisión” los banqueros restarían del monto total del préstamo la suma 100,000 libras esterlinas, el Gobierno dominicano recibiría 300,000 libras esterlinas, pero terminaría pagando 1,472,500 libras esterlinas.

Firmado en 1868, el contrato no se materializó finalmente por incumplimiento de pago de la empresa extranjera, pero no hay dudas de que “ahí engañaron al gobierno de Buenaventura Báez como a un niño”, asegura el historiador.

Desde su óptica, en el contrato firmado entre el Estado dominicano y el consorcio Autopistas del Nordeste también hubo una mala negociación porque el estimado del tráfico de Santo Domingo a Samaná que se tomó como referencia ni siquiera existe de la capital a Punta Cana, principal polo turístico del país.

Recientemente, Bernardo Vega recomendó al presidente Luis Abinader que solicite la intervención del presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, a los fines de propiciar un acuerdo amigable con Autopistas del Nordeste, cuyo capital accionario está conformado mayoritariamente por Odinsa, la empresa de concesiones del Grupo Argos, conglomerado colombiano con inversiones en el sector de la energía y del cemento.

Con un costo ascendente a US$342 millones, la obra se construyó mediante una concesión vial, en la cual Autopistas del Nordeste se encargaría de financiar la construcción de vía a cambio de que el Gobierno le cediera por 30 años el derecho exclusivo de recaudo del 100% de los peajes en ambos trayectos.

El punto más controversial del contrato dispone que si el valor de los ingresos por concepto de recaudo de peaje es inferior al ingreso garantizado, el Estado compensará la diferencia a la empresa concesionaria. Los desembolsos hechos hasta el día de hoy suman RD$26,835 millones, monto que calculado a una tasa de RD$58.5 representa US$458.71 millones.

Para el historiador, si se empieza a revisar cada uno de los contratos firmados por el país, el balance es negativo. “O porque no supimos negociar o porque nos sobornaban para que los contratos favorecieran a la otra parte”, precisó.

En este punto cita la concesión de Aerodom Dominicana que el Estado dominicano otorgó a un grupo empresarial encabezado por Abraham Hazoury e integrado por las empresas YVR Airport Services Ltd, Impregilo y Odgen Central and South America, por 20 años, con total exención de impuestos tanto para la importación de sus inversiones como de la renta que obtenga en sus operaciones.

La concesión fue el producto de una decisión congresional aprobada en el año 1999 que incluía los aeropuertos Internacional de las Américas (AILA), en Santo Domingo; Gregorio Luperón, en Puerto Plata; Arroyo Barril, en Samaná; María Montés, en Barahona, y posteriormente el Joaquín Balaguer, en Santo Domingo.

“Esos eran, probablemente, unos contratos muy perjudiciales para el país; sobre todo porque el Congreso hizo cambios a los acuerdos para beneficiar al Grupo Hazoury, que revendió los aeropuertos con muy buen margen de beneficio”, consideró el también escritor y politólogo.

Cita también que las diferencias con la empresa Barrick Gold durante el gobierno de Danilo Medina llegaron a un extremo de tensión tal que provocaron la visita del canciller de Canadá, John Baird, quien habría advertido al mandatario “que si rompía las negociaciones, no habría ninguna exportación de oro desde esa mina porque ese oro sale en forma de Doré, que es una aleación de oro y plata, por lo que hay pocas refinerías en el mundo que lo convierten en oro puro y ninguna de ellas aceptaría manejar un mineral de una zona en conflicto”.

Como consecuencia de la apertura de la economía dominicana al comercio internacional y la inversión extranjera, República Dominicana es signataria de convenios que le obligan a aceptar una cláusula arbitral que se ha ido haciendo cada vez más frecuente en los contratos internacionales. Los inversionistas pueden, por lo tanto, demandar a los Estados conforme a lo pactado en el contrato, sin necesidad de acudir a los tribunales nacionales.

La coordinación de la defensa de los intereses de la República Dominicana ante arbitrajes internacionales de inversión, acuerdos de libre comercio y los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) está a cargo del Ministerio de Industria y Comercio.

¿Cuánto cuesta defender al país?

Aunque depende mucho del tipo de litis, de las partes envueltas y de los montos reclamados, un bufete internacional de abogados podría cobrar entre US$250 y US$600 la hora cuando asume un caso de un arbitraje internacional.

Melissa Sosa Montás, socia directora en Lettrada Legal Group, explica que no hay un precio estándar, pero asegura que los costos siempre son altos porque se trata de casos de mucha envergadura.

“Justamente por eso, hay que invertir muchas horas de trabajo”, indica la Sosa Montás, tras recordar que en los procesos de arbitraje se requiere rapidez y especialización.

La experta precisa que la forma de pago también se negocia. “Generalmente, se contempla un avance para los gastos, desembolsos conforme a acciones concretas en las audiencias y algún monto para el final del proceso”, añadió la abogada.

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