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El director General de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, consideró necesario que a la Ley de Contrataciones Públicas se le devuelva el sistema de consecuencias.

Al ser entrevistado en Despierta con CDN, Pimentel recordó que esta ley se aprobó el 2006 y seis meses después de su aprobación fue modificada.

“Y la modificaron para extirpar su sistema de consecuencias. La debilitaron para que la ley no funcione y permita, sobre la base de sus propias limitaciones normativas, que se instale el sistema de impunidad a través de las contrataciones públicas”, dijo Pimentel.

A ser cuestionado sobre las novedades que traerá la nueva Ley 340-06 de Contrataciones Públicas que cursa en el Congreso Nacional, Pimentel explicó que la reforma a la normativa cuenta con disposiciones de sanciones administrativas, sanciones de tipo disciplinario y de tipo penal.

Asimismo, adelantó que en el proyecto de ley se incluyen nuevas modalidades de contratación que se conoce como convenios marcos y se define sobre la base de combinar los umbrales y objetos de contratación.

“Los convenios marcos buscan que sobre la base del análisis de datos se identifique qué vienes va a adquirir cada institución del Estado que permita consolidar y compararlas de manera conjunta para tener mayor nivel de escala”, explicó.

Otro elemento novedoso que traerá la nueva legislación tiene que ver con el valor por dinero y nuevos criterios de evaluación vinculados a aspectos ambientales y sociales que permitan al Estado comprender que no necesariamente debe adquirir los bienes y servicios más baratos, sino lo que necesita a precios justos.

Lavado de activos

Carlos Pimentel afirmó que el sistema de contrataciones públicas en la República Dominicana es una puerta de entrada al lavado de activos.

Indicó que la entidad que dirige en la actualidad está desarrollando una unidad de prevención al lavado de activos en los procesos de contrataciones.

“Tenemos un proceso de consultas para modificar la política de registro de proveedores del Estado. En nuestro portal hay una consulta pública abierta, porque entendemos que al registro de proveedores hay que colocar mecanismos que establezcan mayores niveles de control”, dijo, tras aclarar que no pueden extralimitarse del mandato que establece la ley vigente, por lo que consideró importante que se apruebe el proyecto de modificación.

Dice senador Lorenzo miente al país

Sobre la denuncia que hizo el senador por Elias, Piña Yván Lorenzo, sobre un contrato por 65 millones de pesos que habría suscrito el Ministerio de Hacienda con una empresa privada para el suministro de alimentos a empleados de entidad, Carlos Pimentel explicó que el referido contrato del Ministerio de Haciendas fue suscrito para el subsidio de alimentación de los servidores públicos de esta entidad por un período de 2 años.

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