Poder Judicial asegura denuncias son parte de campaña de descrédito

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Santo Domingo.- Las denuncias realizadas por el Colegio de Abogados sobre supuestas " irregularidades" en contratos de asesorías del programa de Naciones Unidas (PNUD), el Poder Judicial la calificó este domingo como una campaña de descrédito y desinformación en contra del consejo y el presidente de la entidad, Luis Henry Molina.

Mediante una rueda de prensa, los juristas afirmaron que estos argumentos atentan contra la estabilidad del sistema de justicia debido a la difamación de inventos e impresiones sobre su funcionamiento.

Precisaron que en el acuerdo realizado entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Consejo del Poder Judicial fue un proceso abierto y transparente, el cual siguió  los estándares establecidos para la contratación de los procesos relacionados con la respuesta a la pandemia y la virtualidad.

“Todos los procesos realizados por los órganos de apoyo del Consejo del Poder Judicial, así como por los comités, son públicos y regidos por las normativas vinculantes”.

Afirmaron que no ha habido ninguna entidad privada relacionada con el manejo y gestión de expedientes. Todos los recursos humanos y tecnológicos que operan y tienen relación con los expedientes en el proceso son internos.

Asimismo sostuvieron que el fortalecimiento del sistema de integridad es un compromiso y una prioridad del Poder Judicial.

“Desde el año 2019 se han desarrollado acciones para la transparencia que suponen la publicación de indicadores y todas las informaciones de los procesos administrativos, pasando del discurso y los planes a los hechos para promover buenas conductas y calidad en las tareas administrativas. Dar mayor transparencia a las operaciones administrativas del Poder Judicial, para que los ciudadanos puedan consultar en línea y con total apertura verificar este desempeño”, expresaron.

Se recuerda que el pasado miércoles abogados se apostaron frente a la Procuraduría solicitandole investigar contratos de supuestas  asesorías y acompañamiento del Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Poder Judicial, que ascienden a más de cuatrocientos millones de pesos para ocultar "serias irregularidades" acaecidas en los procesos de Compras y Contrataciones del Poder Judicial.

Denunciaron  que los contratos son elaborados por las entidades  para “otorgar a dichas espurias transacciones el aura de legitimidad, a pesar de que el acuerdo básico de cooperación entre el Gobierno de República Dominicana y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) fue suscrito en Santo Domingo el 11 de junio de 1974 y no prevé que se constituya el PNUD en una entidad lucrativa que equilma del Estado Dominicano decenas de millones al mes por supuestas “asesoría”, mediante contrataciones directas en violación a la Ley 340-06, sin licitación en perjuicios de decenas ONGS con los conocimientos necesarios para optar y ofrecer asesoría, que al final son subcontratada por el propio PNUD.

 

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