El traslado de un juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de una sala a otra, de las tres que existen en el alto tribunal, ha creado un nuevo conflicto entre el presidente del mismo, Luis Henry Molina, y el Colegio de Abogados.
El gremio se opone al traslado forzoso del juez Moisés Ferrer Landrón, quien cumple sus funciones en la Tercera Sala de la SCJ (que conoce asuntos de tierras, laboral, contencioso-administrativo y contencioso-tributario), hacia la Segunda Sala Penal, por considerar que esto constituye un golpe de estado a la institucional del Poder Judicial.
Miguel Surún, presidente del gremio, afirmó ayer que esta decisión es un acto atentatorio al principio constitucional de la inamovilidad de jueces que está establecido en la Constitución, y que, dijo, prohíbe de manera expresa el traslado de los magistrados.
“Dicha propuesta constituye una tentativa del presidente de la Suprema Corte de Justicia de comprometer la responsabilidad penal de los jueces de la Suprema Corte de Justicia que aprueben un acto ilegal, inconstitucional para el cual ni la constitución, ni la ley les confiere competencia, pues dentro de la facultades de la Suprema de Justicia, no se encuentra el traslado de un juez de dicho tribunal”, expresó.
“Jueces no podrán ser trasladados”
Hizo referencia también a la Ley Orgánica de la Suprema Corte de Justicia (No. 25-91), en la cual, manifestó, tampoco confiere a dicho tribunal, la facultad de traslado, sino la designación de los jueces que componen las distintas salas.
Surún precisó que el artículo 151 de la Constitución, establece que “los jueces integrantes del Poder Judicial son independientes, imparciales, responsables e inamovibles y están sometidos a la Constitución y a las leyes. No podrán ser removidos, separados, suspendidos, trasladados o jubilados, sino por alguna de las causas establecidas y con las garantías previstas en la ley”.
El togado manifestó que la inamovilidad de los jueces, no solo es un derecho de estabilidad laboral para los magistrados, sino una garantía de la sociedad en su conjunto, cuya seguridad jurídica, afirmó, se vería afectada por “el nefasto precedente de movimientos antojadizos, arbitrarios o interesados, de uno que otro juez”.
Dijo que esto puede acarrear que se use dicha herramienta para influenciar el resultado final de procesos, con el solo hecho de que trasladar o recomponer la salas de tiempo en tiempo, para que se imponga una corriente jurisprudencial por mayoría mecánica. “Eso obviamente, sería el final de la institucionalidad de la Suprema Corte de Justicia”, expresó.
Se ha creado una crisis institucional
Surún consideró que “tratar de imponer” un traslado forzoso de un juez de la SCJ pondría en tela de juicio la seguridad y estabilidad de los jueces del Poder Judicial. “Si a un juez del más alto tribunal, le restriegan en la cara del principio de inamovilidad, consagrado en la prohibición de traslados forzosos, que podría esperar el más sencillo de los jueces”, dijo.
Para el presidente de la Fundación Dominicanos de Buena Voluntad, Octavio Ramírez, tratar de trasladar al juez Ferrer Landrón, genera una crisis institucional “al más alto nivel”. Afirmó que lo único que ha hecho el magistrado es “ser honesto, capaz y responsable en el cumplimiento de sus funciones y que no tiene ninguna falta que lo haga merecedor de esta humillación”.
¿Quién es el magistrado Moisés Ferrer Landrón?
El juez Moisés Ferrer Landrón, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, es oriundo de Cotuí, Sánchez Ramírez. Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Ha realizado varias maestrías, especialidades, diplomados, cursos y postgrados en varias materias del derecho en universidades nacionales e internacionales. Ha recibido reconocimiento de la UASD y de la Escuela Nacional del Ministerio Público.
