El pasado viernes se dio a conocer la noticia de que el Poder Ejecutivo solicitó al Ministerio Público de que suspenda su investigación sobre el fallo del sistema automatizado, para que la realicen organismos internaciones.

La Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11 indica que éste desarrollará sus atribuciones con independencia funcional de los demás órganos del Estado, a los cuales no estará subordinado.

“No podrá ser impelido, coartado u obstaculizado por ninguna otra autoridad, con excepción de los jueces y tribunales de Justicia en el ámbito exclusivo de su competencia”, expresa el artículo 17 de la ley que explica el principio de independencia del órgano judicial.

Sin embargo, en rueda de prensa el Poder Ejecutivo anunció que le solicitó al MP que suspenda su investigación sobre este caso para dar oportunidad a que la Organización de los Estados Americanos (OEA) y otros organismos puedan realizar las pesquisas sobre el proceso “sin contaminación de los actores políticos”.

¿Qué dice la Constitución?

La Carta Magna establece, en su artículo 4, que el “el gobierno de la Nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo. Se divide en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Estos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones. Sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente las determinadas por esta Constitución y las leyes”.

Sobre el caso, la Procuraduría General de la República informó que esperarán los resultados de esa investigación que realizan los organismos internacionales “con el fin de determinar qué pasó y si hubo alguna actuación dolosa para continuar o no con la investigación correspondiente”.

Afirma decisión fue salomónica y atendible

A consideración del presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, dado el momento político y democrático que se está viendo en el país, esta decisión fue salomónica y atendible. Dijo que la investigación técnica no es la penal que implica un proceso más profundo sobre el tema que es lo que realizaría el Ministerio Público luego de los resultados

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