La situación penitenciaria frente a la COVID-19 se agrava cada día más, denunció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), que además lamentó “profundamente” que las autoridades no han dado respuestas sobre las recomendaciones que han hecho para controlar la crisis en los centros de reclusión del país.
“La situación en materia penitenciaria cada día empeora más… nosotros estamos responsabilizando a las autoridades de lo que ahí (en las cárceles) pueda pasar”, expresó Manuel María Mercedes, presidente de la CNDH-RD, en conversación telefónica con elCaribe.
Desde que inició la crisis sanitaria en las cárceles, la CNDH-RD junto a Academia Regional Penitenciaria, han propuesto una serie de medidas para mejorar las condiciones y descongestionar los centros de reclusión y poder mitigar el impacto de la COVID-19 en los privados de libertad, pero según explicó María Mercedes no han tenido respuestas y no han sido aplicadas, lo que ha hecho que la situación se agrave.
La denuncia que hace es totalmente distinto a lo que asegura la Procuraduría General de la República (PGR), quien días atrás afirmó que la situación “en sentido general está controlada”.
María Mercedes afirmó que dada la falta de ejecución es grave lo que está pasando en los centros de privación de libertad del “viejo modelo penitenciario” y puso como ejemplo la cárcel pública de El Seibo, que hasta el pasado 2018 tenía una población de más de 900 reclusos.
Explicó que en esta cárcel pasa algo similar a lo que ocurrió en la Penitenciaría Nacional La Victoria, que se están haciendo negocios que afectan la situación de los privados de libertad.
Dijo que las autoridades no suministran la cantidad de alimentos para la población penitenciaria de este centro y prohibieron la entrada de comida cruda o cocida, pero la comida que ellos suministran es de muy mala calidad, por lo que la mayoría de los privados de libertad no la consumen, entonces se suplen de los negocios que hay dentro de la cárcel y de la que los familiares llevan, pero que también fueron prohibidas las visitas y los reclusos no tenían donde comer.
Ante esto, hicieron la denuncia y las autoridades flexibilizaron un poco, pero dijo que “ahora lo que se está haciendo es un gran negocio, en donde los que controlan la cárcel hacen y deshacen con a quién dejan entrar y a quién no, y esa situación en cualquier momento puede estallar por la falta de actuación y medidas por parte de las autoridades”.
Sobre los indultos y otros temas
Sobre las solicitudes de indulto que le hicieron al presidente Danilo Medina y al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, para descongestionar las cárceles, dijo que tampoco le han contestado.
Dentro de los indultos están: humanitario y masivo a todos los internos en las cárceles públicas del país con enfermedades terminales, adultos mayores de 60 años en las cárceles públicas del país; también libertad pura y simple a todos los internos con medida de coerción consistentes en pago de una garantía económica, presos por multas, para aquellos que están privados de libertad por trámites burocráticos, entre otros. Todo esto previo cumplimiento de las formalidades de Ley.
María Mercedes manifestó que mientras las autoridades guardan silencio, miles de personas están en prisión por garantía económica, multas y fianzas, a quienes se les pueden variar la medida y descongestionar las cárceles para evitar mayores brotes del coronavirus.
La situación es igual para los casi dos mil reclusos, que dijo, solo esperan su libertad, pero cuyo trámites están paralizados. Otros que estaban en gestión por parte de la Dirección de Prisiones han sido liberados, “pero muy pocos, ni siquiera 300”.
“La comisión lamenta profundamente que en términos de las propuestas que hemos formulado no han sido escuchadas por los que la situación en materia penitenciaria es que cada día empeora más”, expresó.
Descongestionar las cárceles, aplicando varias medidas, son recomendaciones que han hecho, por separado, desde que inició la pandemia distintos organismos internacionales que trabajan por los derechos humanos y en el ámbito penitenciario en las Américas, donde aproximadamente hay 3,9 millones de personas privadas de libertad. Algunos países ya han aplicado estas medidas para evitar mayores contagios en los centros de reclusión.
Casos de coronavirus en las cárceles del país
Lo últimos datos dados a conocer por la PGR indican que de los más de 27 mil privados de libertad, 468 han dado positivo a las pruebas de la COVID-19, equivalente al 1.7% del total de la población penitenciaria. Para la entidad esto “resulta una tasa sorprendentemente baja tomando en cuenta los niveles de hacinamiento que han persistido por décadas en las cárceles tradicionales”.
Dijo de los 468 casos positivos, 34 corresponden a los centros del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria y 434 a los centros que funcionan en el sistema tradicional. Sobre los fallecimientos de reclusos a causa del virus, no se han informado nada desde hace semanas.
Las cárceles donde se ha informado que hay presencia del virus son el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, la Penitenciaría Nacional de La Victoria, la Fortaleza de San Francisco de Macorís, la cárcel pública Juana Núñez de Salcedo, el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito de La Vega, el CCR Vista al Valle de San Francisco de Macorís y el Centro de Atención Integral para la Persona Adolescente en Conflicto con la Ley Penal, de Santiago.
